Una jueza federal otorgó una suspensión que permite a un empresario afectado por el cierre de actividades por la pandemia del Covid-19, tener acceso a los programas sociales del gobierno federal, con base en los derechos constitucionales a la salud y a la alimentación.

La jueza tercera de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, admitió a trámite el amparo en este sentido y otorgó la suspensión provisional para efectos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Bienestar definan qué programa social se inscribirá al quejoso.

La demanda de amparo refiere que la cuarentena necesaria por la emergencia sanitaria puso en riesgo la fuente de trabajo del empresario y su propia subsistencia, por lo cual necesita de los apoyos gubernamentales.

La resolución de la jueza señala que es una obligación del Estado garantizar el derecho a la alimentación y a la salud, y no sólo con base en la constitución, pues también la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho a un nivel de vida adecuado.

El acuerdo de la jueza Medina señala, en conclusión: “se determina conceder dicha suspensión de oficio y de plano, y cumplir con el principio pro persona, pues, contrario se afectaría la esfera jurídica del quejoso al tiempo que también se trata de situaciones que de seguir ejecutándose resultaría físicamente imposibles restituir.”