A partir de información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otras fuentes, la SG indicó que en 340 municipios de 15 estados se ha restringido o controlado el acceso, ya sea en acciones promovidas por los alcaldes o la misma población.

La dependencia calificó de acciones no recomendadas el cierre de fronteras, caminos y carreteras, toques de queda, retenes y otras medidas restrictivas al libre tránsito que, al contrario, pueden afectar la distribución de alimentos o insumos para la salud.

El informe Observaciones sobre violaciones a derechos humanos durante la contingencia sanitaria por Covid fue elaborado por la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.

Destaca que si bien la reducción de la movilidad de las personas es objetivo de la Jornada Nacional de Sana Distancia, imponer la obligatoriedad del resguardo domiciliario mediante el uso de la fuerza pública es una medida lesiva, desproporcional, que puede ocasionar abusos de autoridad.

Violación a los derechos

Recordó que las previsiones sólo pueden ser dictadas por el Consejo de Salubridad General, no así por los estados o municipios.

La declaratoria de fase 3 de la epidemia no implica en ningún momento un llamado a ejercer medidas extremas potencialmente violatorias de los derechos humanos (…) más aún en un país como México, donde más de la mitad de la población trabaja en el sector informal y 42 por ciento vive en pobreza, dijo.

Los estados con mayor número de accesos restringidos por el número de municipios son: Campeche, Guerrero, Veracruz y Oaxaca.

La dependencia difundió algunas acciones preocupantes, con un mal llamado toque de queda en al menos 31 municipios de 11 estados: Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León.

En tanto, precisó, se detectó un caso, en Teloloapan, Guerrero, donde se impusieron, con la tolerancia de la autoridad municipal, penas corporales degradantes a las personas con el supuesto fin de hacer cumplir el llamado de resguardo domiciliario.

Estados como Sonora, Michoacán y Jalisco fijaron reglas de carácter obligatorio para disminuir la movilidad, mientras que en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León se anunció el cierre de fronteras, uso de retenes y el control estricto en los 21 puentes fronterizos con Estados Unidos.

Los accesos controlados por pobladores o autoridades indígenas no suelen contar con las medidas adecuadas de salubridad ni el manejo adecuado ante el nuevo coronavirus, por lo cual su presencia no garantiza que se minimicen los riesgos, advirtió.

Por ello es urgente atenuar las reacciones de miedo e intolerancia, en especial en contra de los grupos de por sí excluidos o históricamente discriminados como los migrantes.