Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación (SG) advirtió que la emergencia sanitaria por Covid-19 “no representa el establecimiento de un estado de excepción y suspensión de garantías”.
Mencionó a las entidades que han aplicado medidas “severas y desproporcionadas” al libre tránsito, así como otros riesgos para la protección y garantía de los derechos humanos.
Entre las acciones no recomendadas señaló el cierre de fronteras, caminos y carreteras, toques de queda, retenes y otras restrictivas al libre tránsito.
En un informe de la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, se indica que si bien la reducción de la movilidad de las personas es objetivo de la Jornada Nacional de Sana Distancia “imponer la obligatoriedad del resguardo domiciliario mediante el uso de la fuerza pública es una medida lesiva, desproporcional” que puede ocasionar abusos de autoridad.
Las previsiones generales sólo puede dictarlas el Consejo de Salubridad General y no los estados o municipios, recordó.
Hizo referencia con detalle a “algunas acciones preocupantes” que han implementado autoridades locales con un mal llamado toque de queda en al menos 31 municipios de 11 estados: Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León.
En tanto, dijo, se detectó un caso, en Teloloapan, Guerrero, donde se impusieron, “con la tolerancia de la autoridad municipal”, “penas corporales degradantes” a las personas con el supuesto fin de hacer cumplir el llamado de resguardo domiciliario.
También mencionó las medidas obligatorias, para que la gente se quede en casa, en Sonora, Michoacán y Jalisco, mientras que en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León se anunció el cierre de fronteras, uso de retenes y el control estricto en los 21 puentes fronterizos con Estados Unidos.
En 340 municipios de 15 estados se ha restringido o controlado el acceso por autoridades municipales y la propia población en forma continua o interminente, lo cual equivale a 20 por ciento de los municipios del país y en cerca de la mitad de los estados.
A partir de información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otras fuentes, dijo que los estados con mayor número de accesos restringidos por el número de municipios son: Campeche, Guerrero, Veracruz y Oaxaca.
Los accesos controlados por pobladores o autoridades indígenas no suelen contar con las medidas adecuadas de salubridad ni el manejo adecuado ante Covid-19 por lo cual su presencia no garantiza minimizar los riesgos, añadió.
El reporte titulado “observaciones sobre violaciones a derechos humanos durante la contingencia sanitaria por Covid” incluye además casos de derechos laborales y de la salud; discriminación y violencias en el contexto de la emergencia sanitaria, así como las agresiones y actos delictivos contra personal del sector salud.
También negativa a la atención médica, agresiones y asesinatos a defensores de derechos humanos y periodistas; desaparición de personas; manejo de cadáveres y registro de defunciones, y violencia en hogares durante el confinamiento, entre otros problemáticas.
“La declaratoria de Fase 3 de la epidemia no implica en ningún momento un llamado a ejercer medidas extremas potencialmente violatorias de los derechos humanos”, subrayó la SG.
