En los Altos de Chiapas, los desplazados tzotziles del municipio de Aldama se encuentran en situación doblemente vulnerable. A los ataques de grupos armados, tolerados por el gobierno estatal, se suman los crecientes riesgos de salud durante la emergencia sanitaria por Covid-19, sin las garantías de atención médica adecuada. La entrada a la fase 3 de la emergencia sanitaria en México, pone en evidencia que las  comunidades de pueblos originarios son altamente vulnerables, ya que su vida se  encuentra en constante riesgo”, dice el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Desde el 24 de marzo se intensificó la violencia y dicho Centro ha registrado 47 ataques, que durante la última semana aumentaron y se realizaron de manera sistemática.

Según reportes de la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama, grupos armados de corte paramilitar procedentes de Chenalhó utilizan las trincheras de Tok’oy, Pajaltoj, Oxch’om, Slumka, Vale’tik y Tojtik, de las comunidades de Saclum y Santa Martha, municipio de Chenalhó, para realizar disparos dirigidos hacia las casas de Xuxch’en, San Pedro Kotsilnab, Koko’, Tabak, y Chivit en Aldama. Ayer, día 27, la citada Comisión reportó nuevos ataques, que iniciaron durante la madrugada. De acuerdo a sus testimonios, hombres vestidos de negro realizaron disparos desde las trincheras.

El 27 de marzo, las comunidades de Aldama en desplazamiento forzado interpusieron una  solicitud de amparo y protección de la justicia federal para la “suspensión definitiva de la violencia” de grupos civiles armados que “actúan con la aquiescencia y tolerancia de funcionarios del Estado”. Sin embargo hasta la fecha “las autoridades responsables continúan la omisión”.

La violencia en la franja limítrofe de Aldama con Chenalhó se intensificó en medio de la emergencia sanitaria por COVID 19. Las autoridades han sido omisas en el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada por un Juez Federal el 28 de marzo, “por lo que se promovió un incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión, consistente en que se brinde la protección y seguridad que requieren los quejosos”, así como medidas “que garanticen la vida, seguridad e integridad personal de la población de Aldama en situaciones de violencia generalizada y violaciones a los derechos humanos derivadas del conflicto armado”, según reza la resolución del Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Tuxtla Gutiérrez (amparo 340/2020) para proteger a estas comunidades.

El Frayba destaca las directrices esenciales de las Naciones Unidas en la atención a la pandemia para grupos vulnerables: “Los Estados deben aplicar medidas adicionales con el fin de abordar la repercusión desproporcionada que el Covid-19 puede tener sobre las minorías, a causa de las zonas remotas donde viven, en las que hay un acceso limitado a bienes y servicios esenciales”  (Organización de las Naciones Unidas. Directrices relativas a la Covid-19: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx).

Desde el inicio de las agresiones armadas en marzo de 2018, el Frayba realizó intervenciones a 30 autoridades de dos periodos de los gobiernos en federales y estatales. No obstante, la impunidad persiste en graves violaciones a las garantías de los indígenas: privación arbitraria de la vida, desplazamiento forzado y privación arbitraria de la libertad al defensor comunitario Cristóbal Sántiz Jiménez.

Tanto el Frayba como los indígenas urgen a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas para que cumplan el mandato judicial de proteger a las comunidades.

Las principales exigencias son: garantías para proteger la vida del pueblo maya tzotzil de Aldama, en riesgo por agresiones armadas; cumplimiento de la recomendación 71/2019, emitida el 23 de septiembre de 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humano, e investigación de las agresiones armadas desde marzo del 2018, perpetradas por grupos civiles armados procedentes de Santa Martha, municipio de Chenalhó, que provocaron el  desplazamiento forzado.

Se solicita además “atención humanitaria, vivienda, salud, alimentación adecuada y digna para las víctimas de desplazamiento forzado en Aldama, dado su en mayor vulnerabilidad durante la pandemia por Covid 19”.