Miles de migrantes internados en los centros de retención de los Estados Unidos se encuentran en grave riesgo de contraer Covid-19 debido a que estos espacios no cumplen con las medidas de protección adecuadas. El gobierno de ese país debe reubicarlos para protegerlos del virus, señalaron cuatro relatores especiales de distintas oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Indicaron que un ejemplo de las graves condiciones en las que se les mantiene en instalaciones migratorias es el Centro de Procesamiento del Noreste, con sede en Tacoma, en el estado de Washington, del que se han recibido repetidos informes sobre “las condiciones insalubres y la falta de atención médica adecuada” para las mil 500 personas en condición migratoria ahí detenidas.
Esta dependencia de detención está dirigida por la empresa privada Grupo GEO, por encargo del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.
En una comunicación difundida este lunes que es firmada por el relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González Morales; Chris Kwaja, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras Empresas; Nils Melzer; relator especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y Léo Heller, relator especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y el Saneamiento, advirtieron que en este y otros centros los migrantes no pueden mantener la distancia física que se necesita para evitar el contagio de Covid-19.
“Es muy difícil mantener la distancia física necesaria en centros de detención abarrotados. Reducir significativamente el número de migrantes detenidos dejándolos en lugares alternativos puede resolverlo fácilmente”, señaló González Morales. Agrego que ninguno de estos migrantes está pendiente de juicio por causas penales, sino que esperan las resoluciones sobre sus demandas de inmigración.
Los expertos de la ONU exigieron a la administración de Donald Trump y al Grupo GEO que garanticen el acceso a la atención médica, a las instalaciones de agua y saneamiento adecuadas y que refuercen las medidas para prevenir el brote y la propagación de Covid-19 dentro de las dependencias del Centro.
“Hemos escuchado que faltan medidas de protección para los detenidos, que es imposible mantener la distancia física recomendada y que no se aísla a los recién llegados para su observación médica. Esto plantea graves inquietudes de que el coronavirus pueda propagarse en el centro, en el que se han reportado problemas en la prestación de una atención sanitaria inadecuada y de condiciones insalubres”, advirtieron.
La detención administrativa de los migrantes, subrayaron, debería utilizarse como último recurso y las autoridades deben estudiar en primer término medidas alternativas que no comporten la privación de la libertad y eviten también las detenciones arbitrarias. Propusieron como alternativa el alojamiento en comunidades u otras soluciones de asistencia menos restrictivas.
“Las autoridades deben evaluar la posibilidad de adoptar medidas alternativas y rápidamente aplicables en el país y desarrollar un conjunto de criterios para identificar y liberar de inmediato en ubicaciones sustitutivas a las personas en detención administrativa”, sostuvo el relator sobre los Derechos Humanos de los Migrantes.
