Ciudad de México. “Décadas de abandono del sistema de salud, los altos niveles de pobreza y la persistencia de la desigualdad han convertido a la emergencia del Covid-19 en tres crisis simultáneas: una sanitaria, otra económica y otra social”, que amenaza el trabajo de 28 millones de personas, alrededor del 47 por ciento de la población económicamente activa que se ocupa en actividades no consideras esenciales, advierte Oxfam México.

Lo anterior es consecuencia de que tres millones de empresas generadoras de una derrama en remuneraciones por 1.2 billones de pesos al año, de acuerdo con los Censos Económicos 2019, estarían también afectadas por la caída en la actividad económica dado que no se cuentan entre los sectores estratégicos, decretados por la Secretaría de Salud.

Todos los rezagos heredados y políticas públicas que no revisan la preservación de puestos de trabajo se espera los resientan de nueva cuenta los ingresos de la población más pobre, con “una magnitud no vista desde 1995”, amplía la organización.

“Esta crisis desnuda y potencia las desigualdades estructurales que los gobiernos de México no han podido resolver: la mitad del país no tiene seguridad social, cuatro de cada diez personas viven con ingresos laborales insuficientes para satisfacer necesidades alimentarias básicas, tenemos el sistema tributario que menos recauda en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), y nuestro sistema de salud se encuentra segmentado y sin recursos”, abunda.

De acuerdo con datos agrupados por Oxfam México, 10 millones de mexicanos se encuentran en pobreza por ingresos, 16 millones no cuentan con acceso a la seguridad social y 5.4 millones padecen inseguridad alimentaria moderada o severa. Todos estos datos advierten un “riesgo latente de que estos trabajadores y sus familias pasen hambre”.

A ello se suman otras carencias básicas en plena contingencia, 3.7 millones no cuentan con agua, drenaje o electricidad en su vivienda; y 1.6 millones viven en hogares con hacinamiento, lo que reducirá su calidad de vida y bienestar durante los próximos meses.

Aún en 2018, 5 millones de personas no contaban con acceso a servicios de salud cuando existía el Seguro Popular. Ahora, el Instituto de Salud para el Bienestar “tendría que enfrentar una demanda considerable de servicios de salud pública sin haber existido incrementos presupuestales de la misma magnitud para 2020”, añade.

La pérdida de medios de vida, el aumento de la pobreza extrema y la ausencia de empleos bien remunerados tendrán efectos permanentes en el bienestar de millones de personas y familias, una vez que pase la actual emergencia, advierte la organización.

Al tanto de este panorama, propone proteger a personas trabajadoras con seguridad social a través de un subsidio que costaría entre 115 mil y 326.5 mil millones de pesos, apoyo directo a personas sin seguridad social de al menos 37.4 mil millones de peso más, en orden de proteger a los sectores que en primer lugar se verán afectados por lo instaurado a la luz del Covid-19.

Recalca que las propuestas vienen de que los programas prioritarios del gobierno federal no cubren a personas en edad de trabajar; y carecen de estrategias para apoyar a quienes se emplean en entornos urbanos, los cuáles se han expuesto más vulnerables en la pandemia.