Ciudad de México. Es inaceptable que la preocupación y angustia social causada por la emergencia sanitaria del Covid-19 sea aprovechada por diversos actores políticos para imponer estrategias de “mano dura” contra la población de algunos estados del país, señaló la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RTDT).

 Esta instancia, conformada por 86 agrupaciones de 23 estados del país, manifestó su preocupación por la instrumentación de políticas públicas “restrictivas”, especialmente relacionadas con el libre tránsito, en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Morelos.

 Subrayó que con estas acciones, las autoridades de estos estados restringen garantías “sin tener facultares para ello y con un claro interés de lucro político”.

 Precisó que 17 procedimientos especiales de la Organización de las Naciones Unidas emitieron un comunicado el 16 de abril para señalar que “las declaraciones de emergencia basadas en el brote de Covid-19 no deberían ser usadas como base para atacar grupos particulares, minorías o individuos. No debería funcionar como acción represiva bajo la apariencia de proteger la salud ni debería ser utilizado para silenciar el trabajo de quienes defienden derechos humanos”.

 Agregó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que “el Estado que pretenda imponer una restricción de este tipo tiene la carga de probar que la misma satisface el principio de legalidad, que es idónea para alcanzar este fin, no existiendo medios menos lesivos para alcanzarla y que la afectación ocasionada no resulta más perjudicial para el derecho que sea afectado que el beneficio obtenido”.

 La RTDT, en la que participan los centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, entre otros, emitió este domingo un comunicado en el que refirió que la actual es una situación inédita a nivel global, por lo que la pandemia representa un enorme reto pues abre espacios de oportunidad a los autoritarismos e ilegalidades.

 “Llamamos a la solidaridad y corresponsabilidad social para construir una nueva normalidad que no se base en la socialización de las pérdidas, la permisibilidad de la represión y la conculcación paulatina de los derechos que hemos ganado a lo largo de la historia. Como organizaciones continuaremos en nuestro acompañamiento a los más necesitados, sin cejar en la crítica a las acciones violatorias de derechos humanos desde los estados y otros espacios de poder. ¡No a la mano dura!”.

 Recordó que el 15 de abril, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios emitió un pronunciamiento en el que denunció la inconstitucionalidad del acuerdo tomado por los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila en relación con la imposición de multas, retenes, toques de queda, limitación a los derechos de libre tránsito y uso de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social promovidas por la Federación. Tres días después, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo denunció la ineficacia de las medidas de prevención en los centros penitenciarios de Jalisco en relación al Covid-19.

 “Hemos podido documentar a través de medios de comunicación y páginas web oficiales de los estados  que Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán han instrumentado políticas públicas restrictivas de diversas garantías individuales, especialmente las relacionadas con el libre tránsito. Como señalamos en un comunicado específico que emitimos para el caso de Michoacán exceden sus facultades legales. En términos generales podríamos señalar que las disposiciones restrictivas de derechos a que aludimos carecen de fundamentación y motivación. Omiten lo establecido por el artículo 73 de la Constitución y el capítulo décimo de la Ley General de Salud. Esto da pie a crear marcos normativos que favorecen la violación de derechos humanos”.

Destacaron que la “malograda iniciativa” que presentó la diputada federal por Morena, Lorenia Valles, para otorgar facultades extraconstitucionales a las cúpulas del Congreso para crear los plenos de urgencia como mecanismo extraordinario para aprobar ordenamientos de manera transitoria, incluyendo reformas constitucionales tan sólo con el concurso de las juntas de coordinación política de ambas cámaras.

“Si bien la iniciativa fue retirada muestra el interés de algunos actores políticos para crear mecanismos que eventualmente pudieran derivar en acciones autoritarias que lesionaran gravemente nuestra democracia y pusieran en riesgo la vigencia de los derechos humanos ante un contexto como el actual”.