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PRI y PRD rechazan reforma a la Ley Federal de Presupuesto

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René Juárez Cisneros, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Foto Cristina Rodríguez / Archivo
25 de abril de 2020 17:42

Ciudad de México. El sector de la oposición en la Cámara de Diputados, integrado por el PRI y PRD mantuvo su rechazo absoluto a la iniciativa presidencial, tendiente a modificar el contenido del presupuesto federal al momento de presentarse emergencias como la actual. Ambos partidos calificaron la propuesta como “autocrática y abuso de poder”.

No obstante el presidente de la República tiene la atribución de presentar iniciativas ante el Congreso, y en el caso de la modificación del destino del gasto también, los dos partidos se inconformaron con la propuesta. En los gobiernos del PRI y del PAN, sin autorización de la Cámara de Diputados, el presupuesto fue reorientado y modificado sin consecuencia alguna.

Así, la bancada del PRI encabezada por René Juárez Cisneros, endureció el mensaje y reclamó: “con la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, “se pretende la destrucción de los contrapesos al Ejecutivo Federal, mermar la división de poderes y violar la Constitución. El siguiente paso sería la dictadura. Ninguna situación extraordinaria, ni el pretexto de una crisis económica, justifica la iniciativa del Ejecutivo Federal para modificar por sí mismo el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.”

El texto dictado por Júarez Cisneros, ex goberndor de Guerrero, señala con una notable cantidad de adjetivos que “con esta iniciativa de reforma, propuesta por el Ejecutivo Federal, se fomenta la discrecionalidad del gasto y elimina facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados, por lo que el GPPRI está en contra de validar que una sola persona decida el destino de los recursos de las y los mexicanos en situación de emergencia; estos actos sólo se prestan para el mal manejo de los recursos, la arbitrariedad, la falta de transparencia y el abuso de poder.”

Los priístas hacieron una amplia justifiación -a través de su comunicado-, pues consideran “que la Ley ya establece el marco de actuación cuando se presentan estas contingencias. La Secretaría de Hacienda tiene facultades para la aplicación de normas de disciplina presupuestaria cuando disminuyen los ingresos; no se requiere dotar mayores facultades a esa Secretaría, por encima de las responsabilidades legales de la Cámara de Diputados.”

Incluso también reprochan las medidas de contención económica que dio a conocer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues ningún “ajuste al cinturón del sector público debe violar los derechos de los trabajadores. Preocupa la probable afectación a los derechos laborales de los servidores públicos; hay que recordar que, el artículo 127 de la Constitución, establece claramente que sus remuneraciones serán irrenunciables y determinadas anualmente, por lo que es imposible disminuirla durante ese periodo.

“Este inmerecido castigo a los servidores públicos es una verdadera injusticia, al eliminar los aguinaldos de los trabajadores del sector salud, que son quienes hoy están en la primera línea de batalla de la crisis sanitaria. La disminución de ingresos afectará gravemente a las Entidades Federativas, y en la iniciativa no se considera ni una sola medida de contención y apoyo a los estados y municipios, por el contrario, se les quiere quitar el Fondo Metropolitano que es detonador de desarrollo local.”

Con la misma narrativa, la disminuida bancada del PRD, que encabeza Verónica Juárez -quien forma parte de la corriente de los chuchos-, dijo que de aprobarse la iniciativa “le daría facultades para hacer y deshacer con el presupuesto de la Federación. Esta iniciativa es una de naturaleza autocrática, un retroceso respecto de muchos años de avance democrático en nuestro país”.

Incluso se adelantó: “La próxima semana recibiremos los resultados del desempeño de las finanzas públicas al primer trimestre del año y, de caer en lo que establece el artículo 21 de esta Ley -una caída de los ingresos por impuestos mayor a 3%- lo que quiere el presidente ya está previsto en la Ley de Presupuesto, sólo que con reglas y bajo la supervisión de la Cámara de Diputados”.

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