Río De Janeiro. La crisis en Brasil alcanzó un nuevo peldaño, considerado muy elevado, con la renuncia de Sergio Moro al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, pues era el más popular integrante del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonado.

Según muchos analistas es posible afirmar que el gobierno de Bolsonaro se acabó.

Puede que haya un segundo periodo, pero en condiciones especialmente frágiles y con plazo imprevisible.

La nueva crisis, que coincide con el avance vertiginoso de la pandemia del coronavirus, explotó luego de largas negociaciones de Bolsonaro con Moro el jueves, cuando el presidente reiteró su decisión de despedir al director de la Policía Federal, que es la versión brasileña de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Bolsonaro insistía en nombrar a alguien de su cercanía personal con tal de tener acceso a informes confidenciales.

En la madrugada del viernes Bolsonaro emitió un decreto presidencial cesando al director general de la Policía Federal, Maurício Valeixo, hombre de total confianza de Moro.

Como respuesta, Moro convocó una conferencia de prensa y anunció que tan pronto saliese de donde estaba presentaría su renuncia.

En su discurso acusó a Bolsonaro de intentar intervenir en las investigaciones de la Policía Federal y tener acceso a informes altamente confidenciales.

Tan pronto se supo de la renuncia de Moro un núcleo específico del gobierno se irritó profundamente: los cuatro militares de alto rango que ocupan despachos en el palacio presidencial.

De inmediato surgieron rumores de que estarían examinando su permanencia en sus puestos.

En su pronunciamiento a la nación, Moro resaltó que, al contrario de lo que decía la nota oficial, no había firmado el cese del director de la Policía Federal, es decir, acusó al presidente de falsear un documento oficial y ésta es quizá su más suave denuncia.

Básicamente, dijo que Bolsonaro pretendía deshacerse del director de la Policía Federal para proteger a dos de sus hijos de investigaciones criminales.

El senador Flavio Bolsonaro y el concejal por Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro, están bajo la lupa de la justicia.

El primero, por desvío de dinero público. Y el otro por incitar, por medio de redes sociales, manifestaciones violentas.

A las cinco de la tarde el presidente hizo un insólito y largo (casi una hora) pronunciamiento a la Nación, en el cual aseguró que es un tipo honesto y que trata de salvar al país.

Dio ejemplos de semejante esfuerzo: ordenó que se apagara el calentador de la piscina de la residencia oficial y determinó cambios drásticos en el menú, con tal de ahorrar dinero público.

También contó que Moro, en la víspera del cese del director de la Policía Federal, le pidió que esperase hasta noviembre, cuando se abre una plaza en el Supremo Tribunal Federal.

Moro lo desmintió con un argumento lógico: si su objetivo fuese ser nombrado integrante del tribunal bastaría con quedarse donde estaba.

A raíz de las afirmaciones del ahora ex ministro, la Fiscalía General pidió al Supremo abrir una investigación y Moro podrá ser convocado a presentar pruebas de lo que dijo, que podrían ser grabaciones de las conversaciones con Bolsonaro.

Si logra probar lo que dijo, Bolsonaro estará liquidado.

Dos detalles finales: el escándalo ocurrió en medio a una pandemia cada vez más descontrolada en Brasil.

Durante el discurso de Bolsonaro, solamente un ministro no usaba saco y corbata, además portaba mascarilla y estaba descalzo: Paulo Guedes, el ex funcionario pinochetista que ocupa la cartera de Economía.

Todo indica que será la próxima víctima de la guillotina presidencial.