Ante la declaratoria de la fase 3 de emergencia sanitaria respecto a la epidemia generada por Covid-19, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó este viernes al Estado a implementar medidas urgentes y complementarias, y emprender acciones que protejan de manera amplia a los grupos en mayor condición de vulnerabilidad como es el caso de las personas con discapacidad.
La CNDH manifestó que le preocupa que el derecho al acceso a una información oportuna y de calidad no se encuentre plenamente garantizado por el Estado; el acceso desigual a los servicios de salud oportunos y de calidad; la escases de medidas para garantizar la educación a distancia a las personas con discapacidad.
Además, señaló, se debe atender el desempleo que puedan enfrentar las personas con discapacidad derivado de esta contingencia, la ausencia de datos sobre las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias, la omisión legislativa y normativa en la materia que, en el momento actual, da lugar a la violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Por ello, llamó a las autoridades a emprender medidas urgentes y complementarias en todos estos temas.
Específicamente solicitó, entre otros puntos, que se implementen estrategias, medidas y acciones claramente definidas para la preservación de la salud física y mental de las personas con discapacidad, en particular aquellas que tienen mayores requerimientos de apoyo y que viven en contextos de institucionalización, marginación, migración, desplazamiento interno, ruralidad y habitantes de pueblos indígenas.
Que se implementen mecanismos de detección y apoyo para garantizar servicios de salud a personas con discapacidad que puedan requerir de valoración y hospitalización.
Que se garantice que los mecanismos de apoyo para la educación de la población en general sean inclusivos, y que se tomen en cuenta la accesibilidad plena en los medios, modos y formatos utilizados en las plataformas digitales.
También solicitó que se establezcan programas que aseguren la permanencia laboral y de seguridad social de las personas con discapacidad durante la contingencia, así como diseñar y dar a conocer mecanismos que garanticen el empleo y autoempleo de esta población posterior a la contingencia.
En medio de la actual situación, se requiere armonizar la normatividad relativa al respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad en la normatividad interna de todos los poderes del Estado en todos los órdenes de gobierno conforme al bloque constitucional.
La Comisión hizo también un llamado a considerar “el agravamiento de las barreras que pueden surgir para las personas con discapacidad posterior a la emergencia sanitaria, por lo que se exhorta al Estado mexicano a fortalecer a las instituciones relacionadas con la atención e inclusión de las personas con discapacidad, a fin de que se desarrollen e implementen políticas públicas sólidas e integrales que les aseguren la igualdad de oportunidades y derechos en todos los aspectos de la vida”.
