En la última semana, 4 millones 400 mil trabajadores solicitaron beneficios de desempleo, reportó el gobierno federal, elevando con ello el total a 26.5 millones desde que se implementaron las medidas de distanciamiento y cuarentena parcial en el país. Este total no incluye a empleados de algunos sectores informales y a ningún inmigrante indocumentado, quienes no tienen acceso a la asistencia pública.

La crisis económica ha afectado casi todos los sectores de Estados Unidos. Especialistas calculan que la tasa de desempleo está ahora entre 15 y 20 por ciento –en el peor momento de la Gran Depresión alcanzó 25 por ciento.

Ante tal situación, el Congreso aprobó (el martes el Senado, ayer la Cámara Baja, y el presidente ha indicado que lo promulgará) otro paquete de rescate económico por 484 mil millones de dólares, que se sumará al fondo de préstamos para pequeños negocios creado con el paquete anterior, el cual se agotó casi de inmediato, así como asistencia para hospitales y pruebas diagnósticas. Con ello, el gobierno habrá aprobado casi 3 billones de dólares desde fines de marzo para enfrentar la crisis económica, y todos saben que se requerirá más en el futuro inmediato. 

Trampas en favor de millonarios

Nuevas revelaciones indican que varias empresas no tan pequeñas y prestigiosas universidades, entre ellas Harvard, se aprovecharon de los fondos gubernamentales de rescate económico a costa de pequeños negocios e instituciones en estado frágil, ya que los bancos que administran los fondos favorecieron a sus mejores clientes.

En tanto, escondido en ese primer megapaquete de rescate de 2.2 billones, supuestamente dedicado al apoyo de millones de familias y pequeños negocios, había un par de medidas por un total de 195 mil millones de dólares –incluidas por republicanos– que benefician a miles de millonarios con un promedio de 1.6 millones cada uno, mil 300 veces más que la asistencia a los ciudadanos comunes bajo esa ley, denunciaron dos legisladores demócratas al USA Today.

Como siempre sucede en una crisis económica, los más golpeados son los de ingresos medios y bajos, sobre todo los inmigrantes.

En un sondeo del Centro de Investigaciones Pew, 43 por ciento de los adultos estadunidenses reporta que ellos o alguien en su hogar ha perdido su empleo o sufrido una reducción de ingresos, pero 52 por ciento de los hogares de bajas percepciones (menos de 37 mil 500 dólares al año para una familia de tres) informó que uno de sus integrantes quedó desempleado, en contraste con 32 por ciento de los de altos ingresos (más de 112 mil 600 mensuales), con 42 por ciento de los que están en medio, que reporta lo mismo.

Seis de cada 10 latinos señalaron que ellos o alguien en su hogar están desempleados o ha visto reducido su sueldo a causa de la pandemia, el número más alto, según la misma encuesta.

Inseguridad alimentaria

Para millones, todo esto lleva a lo que se llama inseguridad alimentaria, o sea, hambre. Aun antes de esta crisis, unos 37 millones de personas (incluyendo 11 millones de niños) padecían alguna forma de hambre, según Feeding America.

Las organizaciones dedicadas a combatir el hambre por todo el país reportan incrementos dramáticos en la demanda y alertan que pronto no tendrán con qué satisfacer las necesidades; las filas para las despensas de caridad son kilométricas en algunos lugares.

A la vez, se multiplican iniciativas y organizaciones de asistencia mutua en diversas esquinas del país, cuya primera tarea es asegurar la entrega de alimento a los más vulnerables en sus comunidades. Tal vez la iniciativa voluntaria más notable es la del famoso chef español José Andrés en Nueva York, Baltimore y Washington, convirtiendo sus restaurantes en centros comunitarios de alimento, produciendo millones de comidas con su proyecto World Central Kitchen (https://wck.org).

Casi todos coinciden en que nadie ha visto desempleo y hambre de estas dimensiones en el país, muchas veces resultado no del virus sino del manejo político de la pandemia.