En enero la construcción registró su valor más bajo de producción reportado en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía desde 2006. En cuanto a trabajadores inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, la construcción registró en marzo un millón 593 mil 621. La industria prácticamente estima perder una tercera parte de sus empleados.

En entrevista, Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), explicó que hasta el cierre de la semana pasada, 2 mil constructoras estaban paradas en el país y con espacios de liquidez muy cortos. En 70 por ciento de los estados se seguía trabajando obra pública, pero en el resto se necesitan “productos financieros para responder a esta situación grave (…) lo más rápido posible”.

Consideró que el apoyo de 25 mil pesos comprometidos por el gobierno federal para pequeñas unidades es insuficiente para dar liquidez. No es un producto suficiente, porque a microempresas con dos trabajadores le pudiera ayudar por un mes, pero la mayoría de las empresas en la contrucción cuentan con 10 trabajadores, dijo Leal.

En nuestra industria difícilmente se puede subsistir más de dos semanas, recalcó Ricardo García de León, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, donde se concentran pequeñas y micro empresas. En ese sentido, explicó que si bien es positivo contar con apoyos, la industria necesita mejor virar a la banca de desarrollo.

El sector está compuesto en 92 por ciento de pequeñas y medianas empresas, así que si nos vamos hasta finales de mayo (para obtener financiamiento) será muy complicado, explicó el dirigente de la CMIC. La industria ya traía una baja de al menos dos años que se ha acentuado porque se ha invertido menos en infraestructura, aun con los acuerdos de finales de 2019.

En este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador protegió de recortes presupuestales algunos de sus proyectos insignia: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el corredor del Istmo y el aeropuerto en Santa Lucía, así como algunos proyectos de caminos rurales y conservación, y la construcción de 100 universidades.

Son programas insuficientes para el potencial que tiene la industria de la construcción en la generación de empleo, el potencial en crecimiento de manera formal, dijo Ramírez Leal.

Recaló que, por ejemplo en el Tren Maya, con las nuevas licitaciones se podría prometer una política de inclusión para empresas de diferente tamaño.

La regla en la construcción es subcontratar los servicios a pequeñas y medianas a las que se paga prácticamente a la mitad. Por eso no está capitalizada (la industria), por eso no ha crecido. No es problema de gobierno, es inercial, recalcó.

La AMIC recalcó que con la baja en las tasas de interés es momento para echar a andar proyectos que el año pasado estaban parados por el alto costo del financiamiento.

García de León propone al gobierno federal que una vez pasada la contingencia, se den 200 mil contratos de obras de carácter menor: obras de agua potable o las unidades del Banco del Bienestar. Un contrato o dos por empresa de uno a 3 millones de pesos y que sea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial la que haga las contrataciones directas, sin intermediarios. Con ello se comprometen a crear un millón de empleos, indicó.