Las oficinas en México, Honduras, Guatemala y la regional para América Central y República Dominicana de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos externaron su preocupación “por la extrema vulnerabilidad” de las personas en situación de movilidad humana en la región en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19. 

Indicaron que algunas de las medidas adoptadas por los gobiernos de la región “generan impactos desproporcionados” en migrantes y solicitantes de asilo, exacerbando los desafíos pre-existentes en el ejercicio de sus derechos humanos. 

“Es de especial preocupación la situación de las personas retornadas sin condiciones de voluntariedad, salubridad y dignidad. En este sentido, se ha documentado la presencia de personas migrantes centroamericanas que fueron llevadas hasta la frontera entre México y Guatemala, que permanece cerrada, y enfrentan dificultades para llegar por la vía regular a su país de origen”, enfatizaron en un comunicado conjunto. 

Estas instancias, representantes en estos países de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), con sede en Ginebra, Suiza, y encabezada por Michelle Bachelet, llamaron a los gobiernos de México y Centroamérica a considerar la posibilidad de suspender temporalmente los retornos forzados de migrantes durante la pandemia. 

También llamaron a establecer mecanismos para la regularización de personas y garantizar su pleno acceso a las medidas de protección y atención oportuna en salud. 

“De continuar con los retornos, éstos sólo podrían llevarse a cabo si cumplen con el principio de no devolución y con la prohibición de las expulsiones colectivas, así como con las garantías del debido proceso”. 

Subrayaron que el cierre de las fronteras ha provocado que numerosas personas en movilidad, incluidas niñas y niños, adultos mayores y mujeres, hayan quedado atrapadas en lugares fronterizos. Estas personas permanecen en campamentos improvisados, en situación de calle, en comunidades o centros de acogida, en los que no siempre se han implementado los protocolos sanitarios para protegerlas según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 

Las oficinas regionales de la ONU-DH remarcó que Panamá enfrenta un desafío particular por su posición geográfica y por el cierre de frontera con Costa Rica se ha generado que más de 2 mil 500 personas migrantes irregulares permanezcan en el país, y a pesar de esfuerzos de las autoridades aún se presentan condiciones de hacinamiento y limitado acceso a servicios de salud, información, alimentación, agua y saneamiento. 

En Honduras, la situación de algunas personas atrapadas en la frontera con El Salvador es preocupante, ya que en su mayoría carecen de tales servicios básicos.

“Las personas en movilidad son particularmente vulnerables a actitudes y comportamientos que las estigmatizan y discriminan y éstas se ven fomentadas por las narrativas que les asocian con la propagación de la Covid-19. En Honduras, por manifestaciones de la población local en contra de la llegada de personas nacionales retornadas, un Centro de Atención al Migrante Retornado ha tenido que permanecer cerrado”. 

En ese sentido estas instancias de la ONU-DH resaltaron la importancia de que las autoridades velen para que el discurso público y la respuesta a la pandemia no contribuyan a la estigmatización y la discriminación de las personas en movilidad.

“En el contexto de la pandemia por Covid-19, es necesario garantizar a todas las personas en movilidad, independientemente de su estatus migratorio, el acceso a la salud, la alimentación, la información en un idioma de su comprensión, el derecho a solicitar asilo y a una evaluación individual de otras necesidades de protección. Así mismo, se debe garantizar acceso a servicios básicos en igualdad de condiciones, sin discriminación y con perspectiva de género y enfoque diferenciado”. 

Señalaron que incluir a las personas migrantes en la respuesta a esta crisis es esencial para proteger no sólo sus derechos, sino también la salud de la sociedad en su conjunto. 

“Todos los países, tanto los de origen como los de destino, tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes. Es fundamental que en las respuestas contra el Covid-19 predomine la solidaridad entre la comunidad internacional y los países fronterizos a lo largo de los corredores migratorios”.