La situación actual en Chiapas no deja de ser paradójica. Aún con pocos casos reportados de Covid-19, es considerada una región de alto riesgo ante el avance de la pandemia por el territorio nacional. Las condiciones de salud de la población, particularmente en las zonas indígenas, concentradas en una tercera parte del estado, son muy precarias, la infraestructura médica institucional resulta escasa, y con frecuencia no la hay. Además de los miles de desplazados no reconocidos plenamente por el gobierno estatal, muchas comunidades son la punta del iceberg de condiciones “de miseria y hambruna” en los municipios tzotziles de Los Altos, según testimonio de la actriz y activista Ofelia Medina, quien desde hace décadas impulsa programas de alimentación y salud para las regiones más pobres de Chiapas y la Montaña de Guerrero.
Refiere a La Jornada que ha identificado en comunidades de Chenalhó muchos casos de tuberculosis, en ocasiones muy avanzados, que no reciben los medicamentos pues “oficialmente ya no hay tuberculosis en México”. Esto hace mayores los riesgos de enfermar gravemente de Covid-19 en lugares donde “no hay pobreza, sino miseria, pues están por debajo de los llamados pobres”, añade la actriz por vía telefónica.
En tanto, al ser presentado al público, a través de Rompevientos TV, el pronunciamiento “Por la vida”, sobre la situación de Chiapas en sus vísperas de la pandemia, firmado por más de cien organizaciones de México y Guatemala y dirigido al gobierno de la República, pero también a las Juntas de Buen Gobierno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y al pueblo chiapaneco, el especialista Marcos Arana, director del Centro de Capacitación Ecológica y Salud para Campesinos, destacó las disparidades en las consecuencias de la pandemia.
En un reporte del sitio electrónico Radio Zapatista, con sede en San Cristóbal de Las Casas, se resume lo expresado por Arana y otros especialistas acerca de las deficiencias en el acceso a la información, el hacinamiento, la mala alimentación, el poco acceso al sistema de salud, la desnutrición y la prevalencia de padecimientos de la pobreza, que hacen que los menos privilegiados sufran consecuencias mucho más graves con la nueva enfermedad.
Por su parte, la investigadora Ana Valadez expuso “la disonancia entre las medidas gubernamentales y de las instituciones de salud privadas” enfocadas en sujetos individuales, “y la organización comunitaria, que se basa en una visión colectiva”. Ejemplificó: “Quedarse en casa, de acuerdo a esa visión colectiva, significa quedarse en comunidad”. El problema de tal disonancia es que refuerza un discurso en el que supuestamente “todo está bajo control” y sostiene “un paradigma que no es suficiente para resolver la situación, justamente porque no contempla la dimensión colectiva”.
Valadez destacó “la respuesta de las comunidades zapatistas, que declararon alerta roja y han tomado medidas muy eficaces”. No obstante, numerosas comunidades expuestas por años a una guerra “de baja intensidad” y políticas diseñadas para “dividir y confrontar” a los pueblos, “han visto comprometida su organización comunitaria”.
Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, llamó la atención sobre dos sectores “particularmente vulnerables”: los desplazados por la fuerza y los presos. En Chiapas hay cerca de 10 mil víctimas de “un desplazamiento íntimamente relacionado a la violencia de grupos de corte paramilitar”. Citó a los pobladoes tsotsiles de Aldama, donde “a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, los disparos y agresiones continúan”. Las cárceles del estado padecen un gran hacinamiento “sin ningún tipo de acciones de salubridad”.
La especialista Deyanira Clériga Morales, de Voces Mesoamericanas y Acción con Pueblos Migrantes, sostuvo que “las recomendaciones de ‘quedarse en casa’ representan un oximorón para los migrantes internacionales y los retornados (ya sea de Estados Unidos o de otros estados del país, tras perder sus empleos)”. El retorno de los migrantes internos o externos a sus comunidades está sucediendo sin las necesarias medidas de recepción y cuarentena que garanticen su bienestar y la seguridad de las comunidades.
El pronunciamiento comentado concuerda expresamente con la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas que dice: “En este momento carecemos de un liderazgo efectivo en el estado para enfrentar esta contingencia, nuestra institución en estos momentos es dirigida con fines políticos y no científicos, por lo tanto no representa los intereses de la salud pública. Por tal motivo desconocemos a esa representación oficial y los trabajadores nos organizaremos como sabemos hacerlo, para hacer frente a la pandemia. Exigimos al gobernador Rutilio Escandón Cadenas la destitución inmediata del político secretario de salud, con la sustitución inmediata de expertos en epidemiología”.
