Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su apoyo a la Ley de Amnistía, a la que consideró como un “acto humanitario y de justicia” para con algunos de los sectores sociales más desfavorecidos, además de una herramienta para despresurizar el sistema carcelario y evitar posibles contagios de Covid-19.

En un comunicado, el organismo saludó la aprobación de la nueva norma y llamó a su aplicación de manera urgente “por tratarse de un asunto de trascendencia nacional y un acto humanitario y de justicia”, y por ser un recurso en el marco de la Fase 3 de la contingencia sanitaria por el coronavirus.

La comisión recordó que la ley sería aplicable a favor de las personas en contra de quienes se hayan ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas.

Entre las faltas contempladas en la norma se encuentra aborto, homicidio en razón de parentesco o delitos contra la salud, siempre que éstos últimos sean de competencia federal y que quien los haya cometido se encuentre en situación de pobreza, o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación.

“Este organismo considera acertada la propuesta contenida en el Proyecto de Decreto, como parte de una estrategia de política criminal centrada en la justicia y en la atención de las causas del delito, ya que pone énfasis en la vulnerabilidad de ciertos grupos de población frente al sistema de justicia, como lo son las mujeres, los jóvenes y las personas indígenas”, comentó la CNDH.

En ese sentido, dijo esperar que se tenga especial consideración sobre todo para aquellas mujeres que se encuentran embarazadas y para el grupo de la tercera edad, ya que son estos los grupos más vulnerables ante la emergencia sanitaria que enfrenta el país.

La comisión destacó que el proyecto de “Ley de Amnistía” no beneficiará a personas acusadas de homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o feminicidas, utilización de armas de fuego, violadores, tratantes, huachicoleros, delincuentes dedicados al robo de casas habitación, entre otros.

De igual manera, tampoco impide el enjuiciamiento de personas que podrían resultar jurídicamente responsables de crímenes por violaciones graves a los derechos humanos.

Además, “no limita el derecho de las víctimas a un recurso efectivo y a la reparación integral del daño, en virtud de que la pena prisión no se concibe como un castigo, sino como un medio para procurar la reinserción social de quien ha sido señalado como responsable en la comisión de un delito, por lo que puede considerarse como una ley justa”.

 El organismo dijo que ante la necesidad de extremar precauciones por la Fase 3 de la emergencia sanitaria, “sería deseable que se extienda esta Ley para aquellos que fueron encarcelados injustamente, no sólo para disminuir los contagios del Covid-19 y así despresurizar los centros penitenciarios, sino para ampliar los efectos, alcances y beneficios que tiene la impartición de justicia”.