Más de un centenar de colectivos y organizaciones indígenas y sociales de México y Guatemala emitieron un pronunciamiento conjunto ante la crisis causada por el Covid 19, señalando los riesgos en Chiapas para la población pobre, sobre todo indígena y migrante, y las deficientes o nulas acciones del gobierno estatal para prevenir con eficacia la pandemia. El documento propone una variedad de estrategias para enfrentar la crisis.

Recuerda que Chiapas ha vivido históricamente “la exclusión y marginación, en contraste con una tremenda potencia organizativa fruto de su larga historia de lucha y resistencia”. La pandemia “reitera que las formas de producción capitalista, en la que predomina la violencia, la desigualdad y el despojo, precariza los medios para la reproducción de la vida y disminuye la posibilidad de una vida digna”. Consideran que deberá cambiar el modelo de producción, apostar por la soberanía alimentaria y la agroecología “para prevenir próximas pandemias”.

La emergencia sanitaria evidencia “el desmantelamiento de los sistemas públicos de salud”  y su subordinación al mercado. El necesario “cambio de paradigma colocaría por sobre todo el derecho a la vida y a los derechos humanos”.

Admite el “gran reto” para el gobierno y la sociedad nacionales “afrontar esta situación ante un sistema de salud saturado y en algunos lugares colapsado”, así que urgen a los niveles federal, estatal y municipal a que atiendan las demandas “partiendo de un diagnóstico claro de las necesidades de los diferentes territorios en México”.  

El documento enlista 15 exigencias, entre las que destaca “atender las determinaciones sociales de la pandemia que sitúan a los migrantes con trabajo o en situación de calle, a la población de periferias urbanas y a los detenidos” como “sectores con mayor vulnerabilidad al contagio”; lo mismo quienes retornan a sus comunidades. Pide reconocer “las estrategias comunitarias” de los pueblos originarios y su derecho a la autonomía y a modelos propios de atención a la salud en sus territorios.

Emplazan al gobierno a “reconocer la complejidad de la movilidad humana en Chiapas por ser estado de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes”, así como información accesible en idiomas locales “para la familia y la comunidad de retorno”. Los organismos instan “a suspender las detenciones migratorias, evitar el hacinamiento en los centros de detención” y la liberación inmediata de todos.

Para las nueve mil 950 personas en desplazamiento forzado que existen en Chiapas, solicitan vigilancia epidemiológica y “una respuesta efectiva ante la violencia generalizada” de los grupos de corte paramilitar. También se alerta sobre un probable aumento de la violencia intrafamiliar, que deberán atender las autoridades.

Se exigen “condiciones apropiadas” para los trabajadores de salud, abasto de insumos y equipo, capacitación” y la “colaboración horizontal con agentes comunitarios de salud”. Demandan al gobierno federal que “observe con especial atención” la implementación de la estrategia sanitaria por el gobierno chiapaneco”. 

En una entidad como Chiapas resulta indispensable garantizar el suministro de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica y saneamiento para la población en general. Apremian a las autoridades a “garantizar y regular el abasto de alimentos” para evitar la especulación en los precios de artículos de primera necesidad”. Para pequeños productores, mantener precios de garantía y facilitar la distribución de sus productos. Se recomiendan planes económicos sin condicionamiento alguno “para acompañar de forma digna a las familias que no cuentan con salarios y trabajos asegurados” y vigilar que los subsidios no devengan “objeto de clientela y corrupción”.

El amplio mensaje pide que “bajo ninguna circunstancia se apliquen medidas de fuerza desde los cuerpos  policiacos y militares para efectos de contención de la población que puedan incurrir en acciones ilegales y violaciones a los derechos humanos”, y un alto “a la narrativa de guerra, fomento del miedo, la represión física del Estado y la demostración de fuerza”.

Los firmantes comprenden a decenas de organismos de Chiapas, así como la totalidad de las redes nacionales y estatales “Todos los derechos para todos, de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas, Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Capítulo Guatemala, y Colectivo de Monitoreo y Observación de Derechos Humanos del Sureste Mexicano.