Guadalajara, Jal. El gobierno de Jalisco investiga la realización de una fiesta dentro del complejo penitenciario de Puente Grande, la cual habrían organizado el pasado fin de semana y en la que participó el empresario Horacio Servín Martínez, detenido en diciembre de 2019, acusado de fraude por mil 588 millones de pesos en acciones de la fábrica de sulfato El Águila.

La celebración se descubrió por una fotografía publicada en un medio local en donde el empresario aparece rodeado de tres supuestos internos del penal, en la cual se observan bebidas embriagantes. El 18 de abril pasado, autoridades sanitarias detectaron a cinco presos asintomáticos con Covid-19 en Puente Grande.

El gobernador del estado, Enrique Alfaro, dijo que solicitó revisar el tema y criticó “lo que la foto refleja”, además señaló que “se trata de algo intolerable”.

Horacio Servín fue denunciado por su hermano Carlos de haberlo excluido de la sociedad que -junto con su otro hermano Gerardo- tenían en Sulfatos El Águila, en una asamblea en 2011 a la cual Carlos no asistió porque no fue convocado y en donde sólo le entregaron 9 millones por su parte accionaria.

Horacio fue detenido el 25 de diciembre pasado, y estuvo cerca de ser liberado a los pocos días, después de que el agente ministerial de la Fiscalía del Estado, encargado del caso, se desistió de forma inusual de la acción penal, solicitando el sobreseimiento de la causa, pero el juez negó la petición y ratificó la prisión y congelamiento de cuentas bancarias del detenido.

En enero anterior, Carlos denunció que el fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís, “se ha confabulado con el abogado Marco Antonio del Toro para liberar indebidamente a Horacio Servín Martínez”, a quien un mes después le negaron seguir su proceso en libertad.

El 1 de abril volvió a promover un amparo para solicitar su libertad bajo caución con el argumento de que temía por su vida porque padece enfermedades que lo hacían más vulnerable ante un eventual contagio por Covid-19 en el penal de Puente Grande.

Gerardo, el otro hermano acusado por el mismo fraude, enfrenta el proceso en libertad luego que en febrero el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal le concedió la suspensión para evitar ir a prisión, con una fianza de 39 millones de pesos como medida “para garantizar la reparación del daño a Carlos”.