Zacatecas, Zac. Frente al grave problema de la pandemia por Covid-19 en el mundo, un centenar de organizaciones civiles con presencia permanente en todas las ciudades fronterizas de México con Estados Unidos lanzaron un llamado “urgente” a los gobernadores mexicanos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para implementar acciones de protección a las comunidades migrantes, porque eso protegerá también a la población de sus entidades.
Las organizaciones civiles, que ofrecen gratuitamente asistencia humanitaria, representación legal y abogacía a miles de migrantes que ordinariamente buscan asilo y refugio, demandaron a Jaime Bonilla Valdés, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Javier Corral Jurado, Miguel Ángel Riquelme Solís, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, mandatarios estatales de cada uno de los estados a actuar de inmediato.
“Y tomar medidas que garanticen el acceso equitativo de prevención y atención médica, sobre todo para las personas en situaciones de vulnerabilidad, en lugar de exacerbar las condiciones que conducirán a una emergencia de salud aún mayor”.
Asimismo, a través de una carta de 10 cuartillas dirigida a los gobernadores de estos estados fronterizos –del cual una copia fue proporcionada a este diario–, las más de cien organizaciones civiles (mexicanas y estadunidenses), advirtieron que “cualquier iniciativa en materia de salud pública, que excluya a las comunidades migrantes, pone en riesgo a toda la comunidad fronteriza”.
A los gobernantes se les pide, que para reducir los efectos negativos de esta pandemia, “debemos pensarnos como comunidades binacionales intrínsecamente conectadas, para proteger nuestra salud, la economía y a aquellas personas en situaciones vulnerables, incluidas las migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas”.
Asimismo se les solicita tener sensibilidad y no olvidar que “muchos miembros de nuestras comunidades se encuentran entre el número sin precedentes de personas huyendo de conflictos armados, graves violaciones de los derechos humanos, desastres ambientales y niveles extremos de pobreza”.
“Esta combinación de la actual pandemia mundial, junto con la crisis humanitaria no abordada para migrantes y solicitantes de asilo en la frontera de México con Estados Unidos, amenaza aún más la vida de las personas migrantes y solicitantes de asilo, en albergues, campamentos y centros de detención donde las condiciones de salud y seguridad son motivo de grave preocupación pública”.
Las organizaciones firmantes también cuestionan la política migratoria del gobierno estadunidense que encabeza Donald Trump, pues plantean, “una preocupación particular es que la devolución o deportación de niñas y niños, no acompañados en la frontera, sin darles acceso a un juez de migración y un abogado, sin evaluar las necesidades de protección y sin ponerlos bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), viola sus derechos bajo la Ley de protección de víctimas de trata (TVPRA)”.
Pero las organizaciones que demandan actuación urgente a los gobernadores mexicanos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas no se quedan en la petición de acciones urgentes, sino que además, incluyen en el documento citado, varias recomendaciones elaboradas con base en los protocolos internacionales “para marcos de gestión de crisis”, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como las Guías de Respuesta para Migrantes en Países de Crisis, de la Organización Internacional sobre Migración (OIM), así como las propuestas redactadas por el Pacto Mundial de Migración y el Pacto Mundial para las Personas Refugiadas, ambos de Naciones Unidas.
Entre las organizaciones firmantes del documento, aparecen entre muchas otras: A.Y.U.D.A. INC.; Académicas en Acción Crítica; American Friends Service Committee; American Friends Service Committee-Arizona; Arizona Justice For Our Neighbors; Asociación civil Yaotlyaocihuatl Ameyal; Asylum Access Mexico (AAMX) AC; Beckett Law Firm, P.C.; Bloque Latinoamericano sobre Migración; Border Patrol Victims Network; CAIR San Diego; Centro Comunitario de Atención al Migrante de Altar; National Latin@ Network for Healthy Families and Communities; Casa del Migrante, Saltillo, Catholic Charities of Southern New Mexico y CBFD San Diego Indivisible.
Asimismo, las asociaciones Chula Vista Partners in Courage; Church World Service; City of Las Cruces, City Councilor; Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Refugiados de la Universidad Iberoamericana; Coalición de Derechos Humanos; Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA); Comision de Accion Soacial Menonita (CASM); Detained Migrant Solidarity Committee; Diocesan Migrant & Refugee Services, Inc.; Diocese of San Bernardino; Dreamers Moms USA Tijuana A.C; El Rio Community Health Center; Families Belong Together, México; First Christian Church (Disciples of Christ), Tucson; FM4 Paso Libre, Dignidad y Justicia en el Camino A.C., y Haitian Bridge Alliance.
También el HIAS; Hispanic Federation; Hope Border Institute; Instituto de Geografía para la Paz A.C.; Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI); Jobs with Justice-Tucson Coalition; Kids in Need of Defense (KIND); Kino Border Initiative; L.U.C.H.A. MEZCOPH, University of Arizona; Unión del Pueblo Entero (LUPE); Las Americas Immigrant Advocacy Center; Little Chapel of All Nations Inc.; Living Hope Wheelchair Association; MAIZ San Jose; Muslim American Society if New York; National Network for Immigrant and Refugee Rights; PANA-Partnership for the Advancement of New Americans; Red Jesuita con Migrantes- CANA; School of the Americas Watch (SOA Watch); Sin Fronteras IAP y el South Texas Human Rights Center, entre otras organizaciones.
