El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), integrado por 44 organizaciones de la sociedad civil ubicadas en 24 estados, reprobó la propuesta realizada por el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Gerardo Laveaga Rendón, en la que pide simplificar el tipo penal de feminicidio, reduciéndolo al feminicidio por violencia familiar. 

Recordó que el pasado 15 de abril en la Cámara de Diputados, Laveaga propuso modificar el tipo penal como el “delito que comete quien prive de la vida a su mujer, novia, cónyuge o haya tenido una relación similar”. 

La propuesta “evidencia la falta de perspectiva de género del titular del INACIPE, así como la ausencia del análisis del contexto de discriminación y de criminalidad en el que las mujeres son asesinadas en México”, señaló el OCNF. 

En un pronunciamiento, expuso que ha documentado “los actos crueles y degradantes a los que las mujeres fueron sometidas antes de ser asesinadas”, entre ellos, golpes con objetos contusos, violencia sexual, quemaduras, desmembramentos, asfixias, cortadas con objetos punzo cortantes como cuchillos y desarmadores, dejando hemorragias internas y externas, y armas de fuego. 

“Dicha realidad advierte la participación de actores criminales como la delincuencia organizada; por lo que los agresores no son únicamente personas cercanas a las víctimas”, afirmó. 

El OCNF refirió que en su informe Implementación del Tipo Penal del Feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017, documentó que solo el 34 por ciento de los feminicidios estuvo relacionado con violencia familiar; mientras que la mayoría de los agresores se encuentra en estado desconocido, debido a la falta de investigaciones prontas y eficaces que puedan identificar plenamente a los otros agresores.

Agregó que si bien a la fecha todos los estados han tipificado el delito de feminicidio en México, 13 no cuentan con los elementos objetivos, suficientes para acreditar las razones de género: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Yucatán, Baja California, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Tabasco. 

Además, señaló que los protocolos de actuación para la investigación del delito de feminicidio no han sido actualizados al nuevo Sistema de Justicia Penal, Debida Diligencia, Perspectiva de Género, Derechos Humanos y mucho menos la Perspectiva Intercultural, estándares que garantizarían el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.