Ciudad de México. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” solicitó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) su intervención para proteger a los miles de trabajadores agrícolas, indígenas originarios de la Montaña de Guerrero, que laboran en Baja California y Sinaloa, y que en las actuales condiciones, ante la pandemia de Covid-19, se encuentran muy expuestas al contagio en condiciones precarias, además del riesgo de perder el empleo.
En una carta dirigida a Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, Tlachinollan solicita que la dependencia emplace a las empresas contratistas a “que brinden el servicio de salud que requiere la población jornalera para prevenir, monitorear y atender a las familias que se encuentran trabajando en sus campos y que están planeando retornar a sus comunidades de la Montaña”.
La misiva subraya que Baja California y Sinaloa ocupan el tercero y cuarto lugar respectivamente, de personas infectadas por Covid-19, y son de los estados donde existe mayor población jornalera contratada por empresas agrícolas: “Es imprescindible tomar medidas acordes al grave problema que enfrentamos. Los empresarios deben de asumir su responsabilidad de proteger la salud y los derechos laborales de sus trabajadores”.
También se señala que, con motivo de la pandemia, Tlachinollan permanece atento a la situación que enfrentan las comunidades me’phaa, na’savi y nahuas de la región de la Montaña: “Por las condiciones de pobreza extrema que enfrentan las familias, desde hace más de cuatro décadas se enrolan como jornaleras agrícolas en los campos agrocomerciales del norte, occidente y centro del país”.
“Desde que iniciamos nuestro trabajo hace 26 años, siempre hemos acompañado y defendido a estas familias. Lamentablemente siguen invisibilizadas como un sector sumamente vulnerable, víctima de vejaciones, abusos, discriminación, explotación y violaciones a sus derechos fundamentales”. El documento reconoce que “ha sido difícil colocar el tema de los jornaleros agrícolas en la agenda de las instituciones gubernamentales, debido a su dispersión y desorganización; sin embargo, forman parte de la clase trabajadora más oprimida y expoliada del país”.
El centro de derechos humanos con sede en Tlapa, Guerrero, adelanta que “en otro momento, más apropiado”, presentará a la STPS un diagnóstico sobre esta población trabajadora.
“Nos preocupa que, de no adoptar medidas de monitoreo a la salud, en el retorno de los jornaleros a sus comunidades de origen pueda ocurrir un contagio de Covid-19, sobre todo tomando en cuenta que vienen de lugares con alta contaminación del virus”.
Acompaña la carta una relación de campos y empresas agrícolas. Además, comparte el registro de la población jornalera que salió a estos lugares en la última temporada de trabajo entre septiembre y diciembre de 2019, para ubicar el número de personas y en dónde se encuentran.
