Santiago. La peste del Covid-19 logró en Chile lo que no pudo la furiosa represión que el gobierno de Sebastián Piñera lanzó por todo el país tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, al costo de 3 mil 800 heridos, 32 muertos a manos de efectivos policiales y militares y más de 11 mil detenidos, miles de ellos aún en las cárceles: acallar la protesta y sacar a la ciudadanía de las calles.
El presidente, coinciden analistas, se regodea en la crisis sanitaria buscando levantar cabeza, tras hundirse en un rechazo superior a 90 por ciento a su gestión, pese a su compulsión a protagonizar actos leídos por propios y ajenos como “desafortunados”, “payasadas” o “provocaciones”, como aquello de ir a Plaza Dignidad a fotografiarse en soledad, aprovechando el vacío de las calles, algo que después dijo “lamentar”; o bien afirmar que su gobierno compró en enero más de mil respiradores médicos cuando la evidencia prueba que no fue sino hasta mediados de marzo que se encargaron y que aún no llegan al país.
A contracara, los partidos políticos opositores brillan por su ausencia, carentes de propuestas e inconexos con la sociedad, apenas balbuceando al ritmo que impone el oficialismo, tanto así como que pese a ser mayoría, su rencillas y desprolijidades los llevaron a perder contra todo pronóstico la presidencia de la Cámara de Diputados, profundizando su descrédito.
De modo que seis meses después de iniciada la revuelta contra el modelo neoliberal, prevalece una gran incertidumbre acerca de si habrá o no un rebrote de las movilizaciones y en qué intensidad cuando la crisis sanitaria afloje.
Ernesto Águila, científico político y académico de la Universidad de Chile, director de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades, no tiene dudas al respecto: “Es cierto que la crisis sanitaria interrumpe las grandes protestas del estallido social del 19-O, pero también la pandemia pone en evidencia y profundiza el proceso de precarización de la vida de las personas y de las familias en Chile. Soy de los que piensan que en Chile es muy posible un nuevo estallido social dentro de la pandemia y no sólo después de esta. Creo que el manejo mismo de la crisis sanitaria con un sesgo clasista y poco claro en la información así como el desempleo y la falta de ingreso de muchas familias, puede generar una situación de indignación que conduzca a un momento de protestas sociales nuevamente en poco tiempo más”, contesta.
¿Considera que el manejo de la crisis sanitaria ha estado condicionado y al servicio del intento personal de Piñera de lograr aprobación?
Durante las protestas Piñera llegó a un mínimo histórico de aprobación de sólo un 6 por ciento. Pero la derecha en Chile tiene un piso de 30 por ciento. Con la gestión de la pandemia ha subido en las encuestas y ha recuperado parte del apoyo de la base tradicional de de la derecha. La estrategia gubernamental ha tratado de usar la gestión de la crisis sanitaria para intentar producir una suerte de "unidad nacional" y mejorar en la percepción ciudadana. No existen indicadores que ese objetivo lo esté logrando, más allá de recuperar cierta base de apoyo natural dentro de la propia derecha, que lo había abandonado en el momento más álgido del estallido. Hay un desgaste que arrastra Piñera y su administración en el marco de un descrédito del conjunto del sistema político que impide una recuperación estructural en la adhesión ciudadana.
Los anuncios desde el plano económico aparecen como posibilidades de negocios para el gran empresariado. ¿Está el gobierno buscando dar una nueva vuelta de tuerca para asegurar el modelo?
El gobierno ha anunciado dos programas de medidas económicas para intentar sortear la crisis social derivada de la crisis sanitaria. El enfoque ha sido esencialmente economicista y apegado a la ortodoxia neoliberal. Es cada vez más claro que Piñera no quiere asumir los costos económicos de la crisis sanitaria. Se apuesta a una sobrevivencia de las empresas vía créditos blandos y exención tributaria temporal para mejorar su liquidez, pero hasta ahora no hay medidas que apunten directamente a la protección del empleo y los salarios. Diversos sectores políticos y sindicales han propuesto un ingreso mínimo universal de emergencia mientras duren las medidas de confinamiento, pero el gobierno no se ha abierto a dicha opción, ni tampoco al uso de un porcentaje de los fondos de pensiones para aliviar la crisis. El gobierno ha apostado por apuntalar al sistema financiero y a las grandes empresas, pero estas medidas no están evitando un crecimiento exponencial del desempleo. Es muy posible que en pocas semanas en Chile veamos situaciones de miseria que no se veían en décadas.
Primero el estallido social y ahora la pandemia han terminado de desarticular a la oposición. Desde el centro político y hasta la izquierda, la característica común es la ambivalencia frente a la iniciativa de la derecha gubernamental, no hay ningún atisbo de posibilidad de articular un frente común y, adicionalmente, a la ciudadanía la centroizquierda no le merece ningún respeto. ¿Qué futuro tiene la izquierda en Chile; cómo sale de su fracaso histórico, de esa percepción que prevalece en muchos de que gobernó para profundizar el neoliberalismo en Chile?
El gobierno de Piñera ha logrado sortear su desgaste, en parte, por la falta de oposición política. El desgaste de la centroizquierda en Chile tiene diversas raíces. Hoy vive esa crisis de confianza de la ciudadanía con los actores políticos y con la institucionalidad. La ciudadanía no confía en la intermediación de la política institucional. Ni percibe una diferencia significativa en las propuestas que pueda ofrecerle la centroizquierda o la derecha. Este desgaste de la centroizquierda y de la izquierda viene de muchos años y hunde sus raíces en la transición pactada chilena de inicios de los 90 que dejó incólumes los pilares fundamentales de la refundación neoliberal de los 80s. Durante los 90 la ciudadanía comenzó a constatar que no existía capacidad o voluntad transformadora en el sector hegemónico de la centroizquierda de entonces lo que produjo desafección y pérdida de legitimidad de los actores políticos de izquierda en Chile.
Otra característica del estallido social fue su falta de liderazgo, no hubo figura que lo condujera, tampoco en los cinco meses de presencia callejera hubo nuevos rostros que pudieran esbozar su representación, más allá del simbolismo de la "primera línea" y de los "capuchas" que han sido estigmatizados. ¿Cómo supera esto una movilización social que, dicho a secas, no ha conseguido resolver ninguno de los problemas estructurales que la lanzaron a las calle?
Efectivamente el estallido tuvo como característica una falta de liderazgos políticos visibles. Ello persiste hasta hoy. Es la expresión de una profunda crisis de confianza o de ruptura entre la base social y las élites. El viejo sistema de partidos políticos no cumple su función de representación pero no termina de morir. O como se suele decir: y lo nuevo tampoco termina de nacer. Existen diversos esfuerzos en Chile por dar paso a nuevos partidos políticos, pero es una realidad aún en desarrollo y en parte interrumpida por la crisis sanitaria.
Hasta ahora lo social solo se representa a través de sí mismo pero es difícil sumar las demandas y articular intereses y propuestas sino es a través de actores políticos. A partir del 18-O ha emergido una nueva sociedad o un nuevo pueblo que debiera tarde o temprano construir su propia representación política.
¿Considera que están en riesgo las conquistas simbólicas de la movilización: plebiscito de entrada, convención constitucional y nueva constitución? ¿Cómo queda Chile si este proceso no se materializa?
La pandemia obligó a postergar el itinerario constituyente siendo aplazado el plebiscito que pregunta si se quiere o no una nueva constitución para el 26 de octubre. Existe un sector de la derecha que desde un comienzo ha querido boicotear el proceso constituyente y ve en la crisis sanitaria la oportunidad para hacerlo. En el momento más álgido de las movilizaciones de octubre este acuerdo constituyente permitió encauzar en parte la protesta. Pienso que el acuerdo se mantiene firme porque es la única llave institucional para resolver la ruptura del pacto social en Chile. Así lo entienden los empresarios más lúcidos y una parte de la clase política de derecha. Difícilmente sin ese acuerdo Piñera pudiera haber llegado al fin de su mandato. Para las fuerzas de centroizquierda e izquierda también tiene una ganancia importante: construir una nueva Constitución Política. Es decir, todos algo ganan con mantener ese acuerdo en pie aún.
