San Cristóbal de Las Casas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció “amenazas de muerte” en contra del párroco de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez, coordinador de la pastoral social de las diócesis de San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

En un comunicado destaca que “las amenazas” en contra del sacerdote tzotzil “también ponen en riesgo la seguridad de su equipo pastoral”, por lo que demandó a las autoridades garantizar su protección.

El pasado 29 de marzo, a las 07:00 horas, aproximadamente, “un hombre vestido de civil tomó fotografías a las y los colaboradores de la Parroquia de Simojovel, que se encontraban en actividades a la entrada de la iglesia de San Antonio de Padua, precisa el comunicado.

Los hechos se registraron desde una ventana de un hotel cercano. La persona que realizó este acto lo hizo de manera evidente para que fuera vista y se notara su presencia”, explica.

El 2 de abril, “un colaborador cercano al padre Marcelo recibió una llamada telefónica para advertirle que tuviera cuidado porque andaban pidiendo los datos de las personas que trabajan en la parroquia”, menciona.

El 5 de abril, el sacerdote “recibió información de que un hombre en Simojovel dijo: ‘En todo se mete el padre, hay que darle un plomazo…’. Este tipo de amenazas se han hecho visibles de manera reiterada incluso en redes sociales”, añade.

“El día 6 de abril, aproximadamente a las 12:30 horas, el padre Marcelo recibió una llamada telefónica de quien se identificó como ‘coronel’ para ofrecerle seguridad a él y a la feligresía de su parroquia: ‘¿Le interesa la vida de la paz y la tranquilidad de sus fieles seguidores sus feligreses o no le interesa padre?…Ahora yo le digo muy bien, quiero hacerle saber Padre, que de este llamado el cual usted y yo mantenemos, de este llamado depende la vida, la paz y la tranquilidad de cada uno de los suyos […] este llamado no es una broma, […] de usted depende que no se desate una masacre entre sus feligreses […], podemos darle una solución pacífica y usted ya ha sido avisado’”, manifiesta.

Pérez Pérez “cuenta con medidas cautelares (MC-506/14) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con medidas llevadas a cabo por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas”, recuerda el Frayba.

Luego de expresar su preocupación por las “amenazas”, el organismo que presidente el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, dijo que el sacerdote “continúa con sus actividades religiosas y la defensa de los derechos humanos, especialmente de pueblos originarios, a pesar de la deficiente voluntad política de protección por parte del Estado mexicano y en un contexto donde actúa la delincuencia organizada”, aclara.

“La CIDH indica que la labor de defensores y defensoras de derechos humanos es esencial para la construcción de una sociedad democrática, sólida y duradera, ellas y ellos tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho”, por lo que insistió en que “el Estado mexicano tiene la obligación de implementar las medidas necesarias para que quienes defienden derechos humanos ejerzan su labor sin ningún tipo de violencia, amenaza, represalia, vigilancia y hostigamiento”, explica.