La emergencia sanitaria por el Covid-19 desnuda las condiciones precarias de trabajo de millones de personas en el país, donde casi 32 millones de personas no ganan lo suficiente para adquirir la canasta básica para dos personas y hay 34 millones de personas que trabajan sin acceso a servicios de salud de la seguridad social, señaló Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Propuso al gobierno federal impulsar en este contexto programas de transferencias condicionadas, ya que los apoyos directos que se otorgan son insuficientes ante el desempleo que se avecina. Precisó que antes de la pandemia había 7.7 millones de desempleados y otros 19.3 millones ocupados sin ingreso laboral suficiente.
En el reporte “Reporte Especial por la emergencia del Covid19” del Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, formada por más de 60 organizaciones civiles, refiere que se deben apoyar las fuentes de trabajo.
“El problema estructural, previo a este gobierno, es que México no tiene seguro de desempleo, ni un esquema de bienestar para quienes pierden su fuente de ingreso. Esa es la urgencia y lo que el gobierno ha anunciado hasta ahora no ofrece opciones para millones de personas que pueden perder su empleo en las próximas semanas, a quienes verán reducidos sus ingresos o quienes no pueden dejar de salir de casa porque si no no comen” indica el reporte.
Propone una medida para cuidar los empleos y otra para entregar transferencias monetarias a quienes pierdan su trabajo. “También habrá que resolver pronto la falta de datos. La cancelación de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para los meses de abril, mayo y junio, nos puede dejar a ciegas sobre la dimensión real de pérdida de ingreso laboral y fuentes de trabajo de todo tipo, no solo del sector formal que cotiza en el IMSS”, alertó el reporte.
Frente a la Pobreza pidió atención a las estructuras del mundo del trabajo que violan derechos laborales y generan pobreza, “como el outsourcing abusivo y sus variantes para evadir la seguridad social, la contratación estable y el derecho a la defensa y negociación colectiva”.
