Debido a sus labores de información sobre los riesgos del Covid-19, la abogada y defensora de derechos humanos Miriam Pascual sufrió el decomiso de un paquete de libros para un proyecto de lectura que va a realizarse en Guelatao, Oaxaca, cuyo alcalde se ha negado a seguir las indicaciones del gobierno estatal y federal para prevenir el contagio del coronavirus.

En entrevista con La Jornada, la directora y fundadora de la asociación civil Yureni explicó que ante la poca información que había en la región de la Sierra Norte de Oaxaca con respecto al Covid-19, ella comenzó a realizar una campaña de divulgación sobre el tema, a petición de diversas comunidades.

Dichos pueblos, explicó Pascual, tenían dudas sobre la pertinencia de que se realizaran dos actos masivos que tradicionalmente se llevan a cabo el 21 de marzo de todos los años y que atraen a miles de personas: las celebraciones oficiales por el natalicio del ex presidente Benito Juárez y un torneo regional de basquetbol donde participan varias comunidades indígenas.

Además de lo anterior, los médicos de los dos únicos centros de salud de la zona, ubicados en Ixtlán de Juárez y San Ildefonso Villa Alta, anunciaron a través de mantas que no se harían responsables si no tenían la suficiente capacidad de respuesta ante un eventual brote de Covid-19, pues desde hace años ambas clínicas no contaban con los insumos ni el personal que se requiere.

“Las comunidades me pidieron asesoría como abogada, de qué pensaba que debía hacerse. Nos sentamos, analizamos el caso y ponderamos el derecho a la salud y la vida, porque el 21 de marzo vienen miles de personas y con un contagio que haya, se podrían contagiar todas las personas”, especialmente los adultos mayores, cuyo rol cultural y social es muy valorado en la región.

En respuesta a la campaña informativa, realizada con materiales escritos, visuales y sonoros, el alcalde de Guelatao, Federico Hernández Ramírez, ordenó el decomiso de los libros que estaban en poder de Pascual y su pareja.

A éste último, el funcionario le dijo en una llamada telefónica que ese acto obedecía a que los comentarios y sugerencias de la abogada sobre el coronavirus “no van”, en alusión a la campaña que hizo sobre los riesgos de la pandemia.

De acuerdo con la activista, el presidente municipal ha desdeñado públicamente su obligación de informar sobre el Covid-19 y tomar acciones, lo cual pueden significar incluso un acto de omisión de debida diligencia y un ataque al derecho a la salud y la vida.

“Empezamos a hacer materiales informativos, pero nos dijeron ‘exagerados’, que estábamos generando pánico. Ahorita lo único que tienen es un supuesto filtro sanitario, pero es una simulación, porque lo único que hacen cuando llegas a la comunidad es tomar tu nombre, las placas del carro y preguntarte si tienes coronavirus”, señaló.

En contraposición, algunas de las comunidades que pidieron la asesoría de la abogada, como Ixtlán, tomaron medidas de seguridad más estrictas, como darle un cubrebocas a quienes acuden a su mercado, permitir el acceso a pie de una sola persona, pedir que los visitantes se laven las manos y solicitar a quienes no viven en la localidad que salgan de ella, como máximo a las 17 horas.

En algunas otras localidades aun más alejadas, detalló Pascual, las autoridades han optado por impedir la entrada de personas ajenas al pueblo hasta que termine la emergencia sanitaria, incluso si se trata de ciudadanos nacidos ahí, pero que en algún momento migraron y ahora quieren volver.

Al menospreciar el riesgo que implica el coronavirus, insistió Pascual, las autoridades municipales de Guelatao “están incurriendo en violaciones graves del derecho a la salud y la vida, porque niegan la posibilidad de elaborar información sobre la enfermedad. Están incurriendo en una ilegalidad que puede afectar sobre todo a los abuelos, que en la zona de la sierra son sagrados”.