La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le rEcomendó a las autoridades del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán (CPyRS) implementar protocolos para privilegiar y resguardar el orden y la tranquilidad al interior y exterior de sus instalaciones, luego de los incidentes violentos ocurridos ayer martes por las medidas adoptadas para el control sanitario por el Covid-19
En un boletín, el organismo público reprobó las “manifestaciones violentas” de familiares a las afueras del penal y de los internos dentro la cárcel, a raíz de que las autoridades activaron un protocolo de seguridad por riesgo de contagio, luego de que el pasado fin de semana se detectaron en ese penal, cuatro internos y un custodio que dieron positivo a coronavirus.
La protesta obedeció a que se suspendieron temporalmente las visitas familiares, luego de que fueran aislados los internos que mostraron síntomas similares a los del Covid-19 y permanecieran en observación; asimismo, porque los cuatro internos confirmados con coronavirus fueron trasladados al Centro Penitenciario Neza-Norte, habilitado como hospital especializado para brindar atención médica a la población penitenciaria que resulte afectada por la pandemia.
“Personal de la Tercera Visitaduría General de la CNDH se mantuvo atento y advirtió que las autoridades penitenciarias mantuvieran comunicación con las familias de las personas contagiadas para informarles de su estado de salud, y confirmó que el custodio enfermo fue enviado a su domicilio donde está siendo atendido”, indicó la Comisión.
Asimismo, la CNDH afirmó que conoció de un incidente de violencia en un penal estatal de Veracruz, aunque finalmente se confirmó que no fue por las medidas sanitarias, sino por otros motivos, y que estuvo al tanto de un sexto caso de contagio: el de un interno en el estado de Yucatán.
Asimismo, dijo tener conocimiento que en las cárceles del país se tiene un total de 24 casos sospechosos que no se han confirmado ni descartado y se está en espera de los resultados de laboratorio; uno de ellos en un penal de Tamaulipas.
Por todo ello, la CNDH reiteró su llamado a las autoridades de los establecimientos penitenciarios federales y estatales del país para que den cumplimiento a las medidas cautelares que emitió el pasado 14 de marzo para enfrentar la emergencia sanitaria al interior de las instalaciones e implementar mecanismos de protección de la salud y vida de la población privada de la libertad, personal penitenciario, las visitas en general y los proveedores de servicios.
En estos casos y en general, “la propagación del virus puede frenarse considerablemente o incluso revertirse si se aplican medidas firmes de contención y control, que son necesarias a fin de limitar el número de casos y prevenir su contagio”, recalcó el organismo.
Asimismo, consideró que con las personas privadas de la libertad en todo el territorio nacional “se deben adoptar medidas específicas, dadas las condiciones de internamiento en las que se encuentran, a fin de salvaguardar sus derechos humanos como la salud e integridad física; por ello, es necesario se lleven cabo las medidas preventivas solicitadas”.