Madrid. El panorama que está dejando la pandemia del Covid-19 en España es cada día más desoladora. Además de los fallecidos -que ya suman 18 mil 579-, y de los infectados -cerca de los 180 mil-, el tejido productivo del país está cada días devastado.
Las estimaciones del gobierno son nítidas en el alcance de la destrucción: más de seis millones 300 mil empleos perdidos, se supone que muchos de ellos de forma temporal pero siempre a expensar de la evolución de la crisis sanitaria, además se calcula que ya se dieron de baja como trabajadores autónomas (pequeños empresarios), un millón 400 mil personas.
Al tiempo que aumenta el drama humano por las muertes y las personas luchando contra la enfermedad en los hospitales de todo el país, la economía española se va debilitando cada día un poco más, con muchos comercios y trabajadores independientes al borde de la ruina, y con miles de empresas de todos los tamaños que decidieron cerrar sus puertas de manera temporal hasta ver la evolución de la crisis sanitaria.
Pues, a día de hoy, nadie sabe a ciencia cierta cuándo se podrán recuperar algunas de las actividades más importantes del tejido productivo español, como las empresas relacionadas con el sector turístico y con los servicios.
De hecho, el gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, sigue improvisando nuevas medidas de apoyo a los sectores que van muriendo poco a poco. De hecho prevén que en los próximos meses, uno de cada tres trabajadores reciban algún tipo de ayuda pública, ya sea la prestación por desempleo, alguna moratoria en el pago de impuestos o similares, como consecuencia de la paralización de las actividades comerciales por la crisis sanitaria.
Es decir, que mientras que parece que la crisis sanitaria empieza a ralentizar su onda expansiva de destrucción, la otra crisis, la económica, se está agudizando con crudeza y se prevé una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de entre el ocho y el 12 por ciento sólo en seis meses.
El gobierno, a través del ministerio de Educación, también intenta resolver otro asunto vital: el año académico de millones de alumnos desde la escuela infantil hasta la universitaria. Y lo hace sobre otra tema crucial todavía sin aclarar, que es si finalmente los alumnos podrán regresar a sus escuelas este año a tomar clases de forma presencial o si, por el contrario y como parece que todo apunta, tendrán que terminar el curso con las clases por internet y sin poder ser evaluados en el propio salón de clases.
El ministerio planteó a las Comunidades Autónomas, que son las que tienen la competencia en este rubro, dar un aprobado general a todos los alumnos, salvo excepciones muy notables que finalmente evaluará un comité. Se decidirá en los próximos días.
