Ciudad de México. De última hora y ante los “huecos” que hay en el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público alistó proyectos para evitar la extinción de algunos fideicomisos sin estructura orgánica y sin los cuáles todos los programas de garantías que parten de la banca de desarrollo se quedarían sin facultades para dar créditos a unas pequeñas y medianas agroindustrias paralizadas por la crisis económica actual, explicó en entrevista Enrique Bojórquez, presidente de la AMFE.

Tal y como lo prevé el documento que se publicó el 2 de abril pasado en el Diario Oficial de la Federación, los fideicomisos y mandatos que están bajo la regencia del gobierno federal pasarían este 15 a la Tesorería de la Federación, en orden de, primero cumplir con las Leyes de Ajuste Fiscal, y segundo, buscar recursos para enfrentar la crisis económica que, prevén organismos internacionales, podría reducir hasta en 6.6 por ciento la economía del país.

Secretarías de Estado, reguladores energéticos y empresas comprenden los más de 338 fondos reportados por la SHCP en su reporte trimestral de diciembre pasado. La suma de recursos asciende a 740 mil 572 millones de pesos. No obstante, sólo 259 fondos están bajo la administración del gobierno federal –el resto son estatales o privados– y entre ellos agrupan 727 mil 065 millones de pesos, 91 por ciento de ellos en la banca de desarrollo, el resto en instituciones financieras privadas.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya advirtió que, descontando todas las excepciones del decreto, el dinero disponible que pasaría de este tipo de entidades –que en algunos casos se tildan de opacas– sería de alrededor de 250 mil millones de pesos, equivalente a uno por ciento del producto interno bruto (PIB).

Y es que, además, se expresa que cualquier fideicomiso que tenga propósito en el alivio de deuda será eximido de la extinción, al menos ocho de éstos sin estructura orgánica y que suman recursos por 11 mil 914 millones de pesos, tuvieron su primera aportación inicial de 2019 a la fecha.

El último, el Fideicomiso de Microcréditos para el Bienestar, el 8 de enero, que pretende apoyar a la población que no ha tenido acceso a servicios financieros para iniciar un negocio o para consolidar el que ya tienen. Pero sólo cuenta con la aportación inicial de mil pesos para abrirlo al margen de Bansefi.

Adicional a ellos se abrieron el año pasado cinco mandatos para la enajenación de aeronaves de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Policía Federal, de la Comisión Nacional del Agua y de Marina. Además de la apertura del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, el de Mejoramiento Urbano y uno privado por trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Hasta el momento, por objetivo de los recursos que se manejan en fideicomisos controlados por entidades federales, 173 mil 216 millones son para apoyos financieros, en ellos entra el proyecto de garantías que Bojórquez recalca, prácticamente no se ha movido desde que llegó la administración actual; para infraestructura se cuentan 129 mil 347 millones disponibles; en pensiones 82 mil 933 millones, en prestaciones laborales 31 mil 063 millones y en subsidios y apoyos 67 mil 306 millones de pesos.

Adicional a ellos, 243 mil 298 millones de pesos, casi una tercera parte de los recursos reportados por Hacienda, están agrupados en cinco fideicomisos para la estabilización presupuestaria:el Fondo de Estabilización de los ingresos presupuestarios, el de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, el Fondo de Desastres Naturales, el de Reconstrucción de las entidades federativas y el de apoyo a la infraestructura y la seguridad.

El decreto emitido hace dos semanas refiere que no entrarán en esta extinción aquellos fideicomisos suscritos en la Ley, “cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones”, al menos.