Organizaciones demandaron al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y al gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, otorgar las medidas cautelares correspondientes para garantizar la integridad física, psicológica y jurídica de la activista Miriam Pascual Jiménez y todo el equipo que integra la asociación YURENI así como el proyecto de comunicación comunitaria Enfoque “Bene Leahj”.
En una carta pública denunciaron que Pascual Ramírez ha sido hostigada por autoridades del estado de Oaxaca por difundir información sobre Covid-19 a pueblos originarios como método de defensa del derecho a la salud y la libertad de expresión en la Sierra Norte de esa entidad.
Indicaron que el pasado 7 de abril, a las 22:00 horas un grupo de policías municipales de Guelatao de Juárez acudieron al domicilio de la defensora de derechos humanos para retirarle los libros que formaron parte del Programa comunitario de fomento a la lectura “Lecturas encantadas”, mismo que fue fundado por Luis Morales y ella a través de las asociaciones ARTE, Colectivo “Bene Leahj”, y YURENI en acuerdo con la Regiduría de Educación, Salud, y Ecología de ese municipio, en la administración de 2019.
Después de que los policías mencionaron a Miriam que eran órdenes de la autoridad realizar esa notificación, el fundador del colectivo “Bene Leahj”, Luis Morales, llamó por teléfono al presidente de Guelatao de Juárez, Federico Hernández Ramírez, para preguntarle sobre la situación, "en respuesta el funcionario mencionó que no era algo contra él, pero que 'su pareja estaba realizando comentarios y sugerencias que no van'”.
En la misiva se reconoce que recientemente se han realizado las acciones informativas sobre Covid-19, debido a que en el municipio de Guelatao se realizaron dos eventos multitudinarios el 21 de marzo (un día después del inicio de Fase 2), y no fue hasta este 5 de abril que comenzaron a tomar las medidas de la Fase 1. “El hecho de criticar el mal manejo sanitario ante la pandemia, y la difusión de información culturalmente adecuada, molestó a las autoridades municipales por considerar que se le estaba contradiciendo”.
Miriam Pascual es nativa de Guelatao de Juárez, y zapoteca Bene Xidza, directora general de YURENI y cofundadora de Colectivo “Bene Leahj”, espacios desde donde “han impulsado durante los últimos 2 años diversos materiales radiofónicos mediante el ejercicio del derecho a la comunicación indígena, así como acompañamiento en materia de derechos humanos a diversas comunidades de la Sierra Juárez sobre defensa del territorio, y periodismo comunitario; derecho a la consulta libre, previa e informada; derechos de las mujeres indígenas; desaparición forzada y trata de personas; y recientemente el derecho a la salud y la comunicación comunitaria frente al Covid19”.
Ante este panorama, las organizaciones, entre ellas el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, la Asamblea Vecinal “Nos queremos vivas” Neza, Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), entre otras, demandaron una disculpa formal del presidente de Guelatao de Juárez, Federico Hernández Ramírez, por estos hechos, como medida de garantía para Miriam Pascual, y el equipo de YURENI A.C. y Enfoque Bene Leahj, del libre ejercicio del derecho a la comunicación comunitaria indígena, y a la información de los pueblos originarios ante la pandemia Covid-19, y los problemas que le atañen.
De igual manera, el cese a la criminalización de la defensa de los derechos humanos, la comunicación indígena, la libertad de expresión en el Municipio de Guelatao de Juárez, en Oaxaca, y en México.
