Buenos Aires. La justicia y el propio ejército argentino reaccionaron ante las violentas amenazas del teniente coronel retirado Alberto Aquilino Ortega emitidas en un video que hizo circular por redes sociales, quien además de instar a sus camaradas a salir a las calles y rebelarse contra lo que calificó como un gobierno “estatista, totalitario, comunista, maoísta, subversivo, hijo de re mil putas”, y por el insulto con ferocidad al presidente Alberto Fernández por haber impuesto la cuarentena para contener la pandemia del Covid –19.
Los términos empleados por Ortega dieron cuenta de una extrema violencia y de su llamada también a “incitar a la población” a una rebelión, al agitar fantasmas del pasado en este país, que vivió varias dictaduras y la última (1976-1983), la más cruenta en la historia nacional.
Procesaron a un militar retirado por incitar en las redes a un levantamiento armado
— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) April 14, 2020
La justicia federal imputó a Alberto Aquilino Ortega, retirado del ejército, por “incitación a la violencia” contra el gobierno nacional
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Hubo reacciones de distintos sectores. La justicia, representada por los fiscales Claudio Palacín y Claudio Kishimoto, lo acusó de intimación pública, instigación a cometer delitos, encuadrado en este caso en delito contra la salud pública, desobediencia, atentado al orden constitucional y a la vida democrática y sedición.
También hicieron constar que al integrar las Fuerzas Armadas “pretendió formalizar un movimiento organizado de personas que disponen de armas, para alcanzar algunos de los graves objetivos que el tipo penal agrupa como elementos subjetivos de la figura” agravado por el contexto de Emergencia.
El propio Ejército lo denunció por la extrema violencia del militar y la divulgación pública en momentos en que esta institución colabora con el gobierno en esta situación movilizando camiones cocinas para proveer comida en barrios castigados por la pobreza, y con el armado de hospitales en instalaciones públicas, ante una posible agravación de la pandemia.
El militar se negó a declarar ante el juez federal Carlos Vera Barros, quien ordenó allanar su domicilio después de aplicarle la violación de varios artículos del código penal.
Esto sucede cuando el presidente anunció la tercera fase del “aislamiento social preventivo y obligatorio”, agregando algunas nuevas excepciones y asegurando que se saldrá de la cuarentena gradualmente y considerando el desarrollo de la situación.
En su política de colocar la salud de los argentinos antes que cualquier otra concepción, afronta una campaña mediática que continúa marcando una línea ideológica por parte de un sector pequeño de la oposición y especialmente de un poderoso sector empresarial, que intenta asfixiar al gobierno en estas circunstancias cuando se está trabajando en unidad con las principales figuras de la oposición de Juntos por el Cambio, como el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros gobernadores.
Uno de los principales “aprietes” fue la decisión del poderoso empresario Paolo Roca de Techint, quien despidió mil 400 trabajadores, desafiando al gobierno que decretó que no podía haber despidos en estas graves circunstancias. Desde Italia llegó información de que la empresa Tenaris del mismo grupo de los dueños de Techint, junto con otras grandes corporaciones, impidió que se impusiera una cuarentena en Bérgamo. Esta fue la zona de ese país más devastada por el Covid-19 debido a que continuó con su actividad sin que nada sucediera por la presión empresarial.
