Los Ángeles. El caso penal contra el líder de la Iglesia mexicana La Luz del Mundo por cargos de violación infantil y tráfico de personas fue desestimado el martes por un tribunal de apelaciones de California por motivos procesales.

Naasón Joaquín García, el autoproclamado apóstol de La Luz del Mundo, ha estado bajo custodia de las autoridades estadounidenses desde junio, después de su arresto por acusaciones que involucran a tres niñas y una mujer entre 2015 y 2018 en el condado de Los Ángeles. García niega haber cometido delito alguno.

Durante su detención sin derecho a fianza en Los Ángeles, García ha permanecido como el líder espiritual de La Luz del Mundo. La Iglesia cristiana con sede en Guadalajara, México, fue fundada por su abuelo y afirma tener 5 millones de fieles a nivel mundial.

Se desconoce de momento cuándo sería liberado.

El departamento de Justicia estatal informó que estaba revisando el fallo del tribunal.

El abogado de García, Alan Jackson, dijo que su cliente está “entusiasmado” por el fallo.

“En su afán de garantizar una condena a cualquier costo, la fiscalía ha intentado privar al señor García de su libertad sin el debido proceso al encerrarlo sin derecho a fianza basándose en acusaciones sin fundamentos de acusadores anónimos y negándole la oportunidad de defenderse en la corte”, dijo Jackson en un comunicado.

El fallo del tribunal de apelaciones establece que la Corte Superior del condado de Los Ángeles debe desechar los 29 cargos por delitos graves que van desde tráfico de personas hasta producción de pornografía infantil y violación forzada de menores.

Y agrega que debido a que la audiencia preliminar de García no fue realizada en el plazo debido y a que García no renunció a su derecho a una audiencia, la denuncia interpuesta en su contra debe ser desestimada.

En junio, García fue procesado por 26 cargos y renunció a su derecho de una audiencia preliminar expedita, una medida común. Al mes siguiente, fue procesado por una denuncia enmendada que incluía tres cargos adicionales de posesión de pornografía infantil. Esa vez, no renunció a los límites de tiempo para una audiencia preliminar.

Su audiencia fue pospuesta varias veces, en algunos casos porque los fiscales no habían entregado evidencia a la defensa, mientras seguía detenido sin derecho a fianza, lo que provocó que sus abogados presentaran una apelación.

El tribunal de apelaciones falló que una audiencia preliminar sobre una denuncia enmendada para un acusado bajo custodia debe realizarse dentro de los primeros 10 días posteriores a la segunda acusación, a menos de que el detenido renuncie a dicho plazo o haya una “buena causa para la demora”.

La apelación sólo mencionaba la desestimación del caso de García y no los de sus coacusadas, Susana Medina Oaxaca y Alondra Ocampo. Una cuarta acusada, Azalea Rangel Meléndez, sigue prófuga.

No estaba claro si los casos de las coacusadas también serían desestimados.

En febrero, una mujer del sur de California entabló una demanda federal en contra de la Iglesia y de García. En la denuncia señaló que García, de 50 años, y su padre abusaron sexualmente de ella durante 18 años, empezando cuando tenía 12, manipulando pasajes bíblicos para convencerla de que su maltrato era, en realidad, un regalo de Dios.

El fallo de la corte de apelaciones es la más reciente en una serie de pifias por parte de la fiscalía en casos de alto impacto.

El mismo secretario estatal de Justicia Xavier Becerra hizo un llamado a que otras víctimas presentaran denuncias, una medida que la defensa aseguró que podría influenciar al jurado.

“Sería difícil de creer que, basándose en la información que estamos recabando, sólo son estos cuatro individuos”, dijo Becerra en junio, cuando se refirió en repetidas ocasiones a García como un “enfermo” y un “demente”.

Las fiscales Amanda Plisner y Diana Callaghan también dijeron en reiteradas ocasiones en la corte que preveían presentar cargos adicionales basados en más víctimas mientras se seguía investigando el caso. Pero al final de cuentas, únicamente sumaron tres cargos de pornografía infantil a la denuncia original.

Plisner y Callaghan recibieron en septiembre sanciones adicionales de una jueza de la Corte Superior, quien dijo que habían violado la orden del tribunal al no proporcionar evidencia a los abogados defensores. La jueza rescindió eventualmente las sanciones y anuló las multas de 10.000 que les había impuesto.