CDMX. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación porque la adopción de medidas gubernamentales para evitar la propagación del coronavirus en México pueda agravar la situación de vulnerabilidad en la que ya se encuentran algunos segmentos de la población.

Por ello, exigió que las autoridades brinden información completa, veraz, oportuna y transparente respecto de las medidas de prevención contra esa enfermedad, sobre la situación actualizada del comportamiento de la pandemia y de los recursos que se disponen para hacer frente al contagio; generar medidas para que se garantice a la población la permanencia en el trabajo y acceso a sus derechos laborales.

Planteó además la que si bien es cierto que la reducción del contacto y aislamiento social, la no concentración de personas, el cierre de locales comerciales o públicos concurridos y la no aglomeración en centros de trabajo, son consideradas medidas adecuadas para evitar la propagación, debe tomarse en cuenta la necesidad de las personas de acceder a suministros esenciales e indispensables como alimentos, medicamentos y movilidad para realizar actos de solidaridad humanitaria con familiares y conocidos.

Otra de las propuestas de la CNDH a las autoridades frente a esta emergencia sanitaria es que si bien el sector educativo está garantizando a las niñas y los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, la continuidad de su proceso formativo mediante el uso de las plataformas digitales, “es necesario garantizar el efectivo acceso a la tecnología para las poblaciones que se encuentran en alta y muy alta marginación, en particular a los miembros de los pueblos y comunidades indígenas”.

También exhortó a abstenerse de la adopción de sanciones desproporcionadas ante el incumplimiento o inobservancia de medidas de aislamiento social, mismas que deben implementarse cuando las exigencias de salud pública lo requieran.

“En la adopción de estas medidas de aislamiento social, debe tenerse en consideración la realidad socioeconómica del país, ya que un número no menor de personas orbita alrededor de la economía informal, obteniendo un ingreso de subsistencia diaria. Una severa medida de aislamiento social que sancione de manera desproporcionada su incumplimiento o inobservancia, producirá una discriminación por resultado en perjuicio de las personas cuyo ingreso, además de ser bajo o de subsistencia, gira en torno a la arraigada economía informal mexicana. La adopción de medidas para evitar la propagación del Covid-19, no pueden ser, ni deben representar un castigo a grupos sociales históricamente excluidos y discriminados o en situación de pobreza”.

Los funcionarios, agregó, deben evitar hacer comentarios contrarios a los vertidos por las autoridades sanitarias expertas en la materia o brindar declaraciones que distraigan la atención sobre la información esencial a la que tiene derecho a conocer la población en general en este momento.

La CNDH exhortó a los tres órdenes de gobierno a tomar en cuenta diferentes consideraciones para la adopción de las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para contener la propagación del virus, aplicándolas con un enfoque basado en una perspectiva de género y pleno respeto de los derechos humanos.

Lo anterior, detalló en un comunicado, “con el propósito de que todas las acciones gubernamentales para la vida cotidiana del pueblo mexicano no se conviertan en nuevas violaciones”.

Los tres niveles de gobierno, dijo, deben coordinarse y asegurar un mecanismo institucional que permita acceder gratuitamente durante la adopción de medidas de aislamiento social más severas, a suministros esenciales y vitales para la supervivencia, tales como alimentos y medicamentos a personas adultas mayores; con sistema inmune deficientes o algún tipo de discapacidad, miembros de pueblos y comunidades indígenas, jefas de familia, personas en situación de calle; o núcleos familiares en extrema pobreza, en todos los casos, sin posibilidad de acceder a suministros esenciales e indispensables por cuenta propia.

Contar con un banco de alimentos y suministro de medicamentos que beneficie a los grupos más vulnerables en las zonas geográficas más afectadas, más que un gesto humanitario, es cumplir con la obligación general del Estado para garantizar el derecho a la vida y la salud de las personas en territorio mexicano ante la pandemia del Covid-19.