Madrid. Según las cifras del ministerio de Sanidad español, en las últimas 24 horas se registraron 637 víctimas mortales por el virus Covid-19, la cifra más baja de los últimos diez días y que, según las autoridades españoles, podrían marcar una tendencia a la baja de los estragos de la pandemia.

A pesar de todo el balance sigue siendo una catástrofe: 13 mil 55 fallecidos y más de 135 infectados. El discurso optimista del gobierno del socialista Pedro Sánchez contrastó con las denuncias de diversos sectores, como los funerarios, los responsables de los asilos de ancianos y de numerosos familiares, que hablan de una manipulación de las cifras a la baja.

Cuando un anciano muere en un asilo sin haber recibido atención médica previa o sin que se le haya realizado una prueba diagnóstica del Covid-19, su deceso se registra como muerte por otras causas, pero no forma parte de las estadísticas mortales de la pandemia.

Así ocurre con otros muchos enfermos, que si tenían una dolencia previa y finalmente fallecen a raíz de que el virus precipitó su deterioro, tampoco se registra su muerte como consecuencia del virus. Una lucha de cifras que cada vez se denuncia con más insistencia desde distintos frentes.

Por ejemplo, en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, gobernado también por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la denuncia llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia, donde se abrieron diligencias para investigar las causas de por qué hay una diferencia tan grande entre las licencias de enterramientos expedidas por las autoridades y que tienen como motivo del deceso el Covid-19, que en total suman mil 921, con los datos que difunde a los medios de comunicación y la opinión pública el ministerio de Sanidad, que sólo registró 708 personas. Es decir, una diferencia de mil 213 fallecidos.

Denuncias similares se han hecho en Cataluña y Madrid, sobre todo de familiares de ancianos que murieron en asilos, donde también hay numerosas incógnitas de cómo se han registrado todos esos decesos en las estadísticas oficiales, con las que el gobierno pretende convencer a la ciudadanía de que ya se está superando la primera etapa de la crisis sanitaria.

Otra cuestión que preocupada cada día más y que también está a la puertas de que sea judicializada, es el personal sanitario infectado con el virus, que ya superó las 20 mil personas y que, según las agrupaciones de profesionales que representan al sector, se ha debido sobre todo a que se han tenido que enfrentar a la crisis sin los recursos básicos para su protección personal, como mascarillas, guantes y batas protectoras.

También denuncian que en las primeras tres semanas de la crisis, desde el gobierno español exigieron al personal que había tenido síntomas leves del virus se reincorporan a los siete días al trabajo, con lo que se teme de que ellos mismos, al ser todavía portadores del virus, hayan propagado aún más la enfermedad tanto entre los sanitarios como entre la ciudadanía.