La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que no observó acciones o medidas relevantes en el plan de reactivación económica del gobierno federal para enfrentar la pandemia de Covid-19, por lo que, en caso de no suscribir un acuerdo entre gobierno, empresarios y trabajadores, la economía mexicana podría caer hasta 10 por ciento este año. 

Dicho descenso se traducirá en la pérdida de un millón de empleos formales en 2020 y una tasa de inflación del 10 por ciento.

“El titular del Poder Ejecutivo Federal hizo caso omiso del paquete de propuestas que el sector empresarial le entregó desde hace cerca de un mes, para implementar una serie de medidas contundentes e inmediatas, que fortalezcan la economía nacional con mayores condiciones de confianza y certidumbre, reactivando así la inversión e impulsando la actividad económica”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente del organismo. 

En su mensaje semanal, el líder patronal señaló que dichas medidas ayudarían a contener los graves efectos económicos de la pandemia, y contribuirían a conservar con urgencia el empleo, así como a dotar de liquidez a personas y empresas, para crear las condiciones de recuperación del crecimiento económico que tendrá que llegar después de la crisis.

“Dado que la reactivación tardará mucho más de 30 días, propusimos un acuerdo solidario entre trabajadores, gobierno y patrones, para que en las empresas que no puedan reiniciar actividades, se establezca un salario solidario, que puede ser igual o menor al salario habitual de cada empleado, con una contribución para solventarlo de los tres actores involucrados”, explicó. 

Además de acelerar la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) realizándolo en no más de 20 días; otorgar plazo ampliado para que se realicen las declaraciones anuales y los llamados “pagos provisionales” del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Así como en las cotizaciones sociales, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), ajustándolos a la realidad económica.

“En la Coparmex estamos convencidos, que si el gobierno rectifica y apoya a las empresas, en realidad está apoyando de manera duradera a las familias. A que conserven sus empleos y con ello sus ingresos. A que no necesiten de programas sociales para subsistir. Que lo sigan haciendo con dignidad, a partir del valor de su trabajo”, dijo De Hoyos. 

Añadió que contrario a la postura del presidente López Obrador, de no contratar deuda pública para fondear créditos y apoyos a empresas para reactivar la economía y mantener la liquidez en el mercado financiero, el Consejo Coordinador Empresarial recomienda aplicar una estrategia de “endeudamiento temporal”, hasta por el 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Tales recursos, señaló el organismo empresarial, permitirán al país cubrir los gastos de salud y atender a la población afectada por Covid-19, además de compensar las caídas en el ingreso público y sentar las estrategias básicas para la reactivación de la economía.

Además propone utilizar una caja actual del sector público y cambiar el concepto de deuda neta por deuda bruta, con lo que se liberarán 425 mil millones de pesos. Asimismo, se deberá hacer uso de fondos de estabilización por un total de 243 mil millones de pesos, así como postergar el objetivo de finanzas públicas de 2020.

También deben implementarse medidas como un programa generalizado de vacaciones pagadas, en los sectores no esenciales, para asegurar el aislamiento, u otras acciones que puedan ser acordadas entre las empresas y los trabajadores.

Aunado a ello, será necesario diferir el pago del 100 por ciento de las contribuciones a la seguridad social por tres meses, sin condonación, y establecer con fondos públicos un programa de aproximadamente 100 mil millones de pesos, para que la banca de desarrollo garantice créditos a través de la banca privada, con enfoque particular a micro y pequeñas empresas.

Otras de las propuestas, es un programa de infraestructura con fondos públicos y privados. Además de usar el remanente del crédito para asignar a cada estado un gran proyecto de infraestructura, así como la definición y anuncio inmediato de los proyectos de inversión privada en infraestructura energética.

“En el anuncio del presidente López Obrador se hizo caso omiso a las propuestas que el Consejo Coordinador Empresarial le realizó los pasados 18 de marzo y 2 de abril, de las cuales aún no hay una respuesta, ni han sido tomadas en cuenta”, puntualizó.