Así, los fideicomisos públicos destinados al pago de pensiones, prestaciones laborales, fondos de estabilización y emergencias de salud no serán extinguidos por el decreto presidencial, que sólo ordena concentrar los recursos de aquellos que carecen de estructura orgánica en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aclaró Alfonso Ramírez Cuéllar, quien promovió la desaparición de esos instrumentos.

El análisis del CIEP subraya que el decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos contempla una cuarta parte de los recursos del total que aglutinan los fideicomisos, y equivale a 0.74 por ciento del PIB; es decir, 181 mil 440.3 mdp.

El 81.8 por ciento de los recursos que pueden quedar disponibles se concentran en la SHCP, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Defensa y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para que estos y otros fideicomisos no sean sujetos de extinción, deberán presentar la solicitud correspondiente ante la SHCP.

Los que pueden abonar en mayor medida a la disponibilidad de recursos en el corto plazo son el Fideicomiso para el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; Fideicomiso público de administración y pago de equipo militar; Fondo para la participación de riesgos 11480; Fideicomiso de Contragarantía para el financiamiento empresarial y Fondo sectorial Conacyt-Sener-Hidrocarburos. Cada uno contaba a finales de 2019 con más de 11 mil mdp.

La extinción de los fideicomisos no implica directamente la desatención de los sectores que pueden ser afectados. Se esperaría que esta ampliación del espacio fiscal sea utilizada para la reactivación de la economía y la mitigación de los efectos por la pandemia del Covid-19.