La medida forma parte de las acciones para combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales y la administración eficiente de los fondos públicos, de acuerdo con un decreto del Presidente publicado en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. El decreto entró en vigor ayer mismo.

En la administración pública federal hay 308 fideicomisos sin estructura orgánica que –según información actualizada al 31 de diciembre pasado– manejan recursos por 740 mil 572.7 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. Esa cantidad es equivalente a 3 puntos porcentuales del producto interno bruto.

Las dependencias y entidades de la administración pública federal tienen la facultad de constituir fideicomisos para transferir parte de las asignaciones presupuestales que reciben. Estas figuras, que cobraron auge durante la gestión de Francisco Gil Díaz como secretario de Hacienda, entre 2000 y 2006, están protegidas por el secreto fiduciario. Son constituidas para fines específicos, aunque reportes de la Auditoría Superior de la Federación han señalado la discrecionalidad y falta de transparencia con que operan, según documentó La Jornada el 21 de marzo.

En el decreto publicado ayer, el Presidente dispuso que todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, la Oficina de la Presidencia y tribunales agrarios lleven a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica de carácter federal en los que funjan como responsables o mandantes.

Según Hacienda, estos fideicomisos sin estructura orgánica son creados principalmente para transferir recursos a programas públicos de infraestructura y a subsidios y apoyos, además de pagar pensiones y prestaciones laborales.

De los 308 existentes, en diciembre pasado estaban constituidos 29.3 por ciento en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Hacienda, 24.6; Secretaría de Educación Pública, 7.7; Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 6.2; Secretaría de Cultura, 4.1, y Secretaría de Turismo, 3.3 por ciento.

En el último informe de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación aseguró que los más de 300 fideicomisos sin estructura orgánica operan en la discrecionalidad, a pesar de las obligaciones jurídicas y normativas a que están sujetos.