Ciudad de México. Con 45 votos a favor y una abstención, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la minuta que contiene la reforma que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para elevar a rango constitucional la pensión a adultos mayores, el programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos a personas que carecen de servicios de seguridad social, así como los apoyos a personas con discapacidad permanente y becas a estudiantes de escuelas públicas.

La sesión se desarrollo, en forma inédita, con la presencia en el pleno de 23 legisladores y 23 más que participaron vía remota a través de una plataforma digital, con motivo de las medidas adoptadas por el legislativo contra la propagación del virus Covid-19.

Esto, sin embargo fue cuestionado por legisladores del PAN y PRD por considerar la sesión “ilegal y fraudulenta”, por no estar previsto en la ley y en el reglamento del legislativo el uso de las nuevas tecnologías para permitir a los congresista participar y votar en forma virtual en las sesiones del pleno.

Los trabajos se desarrollaron con algunas complicaciones al inicio, particularmente de audio, y el reclamo de la oposición de que a sus compañeros no se les estaba permitiendo acceder o los estaban sacando de la transmisión.

Aún cuando el coordinador del  PAN, Mauricio Tabe Echartea, previo a la sesión advirtió que sería ilegal, participó junto con su compañero de bancada, Héctor Barrera y fijaron posicionamiento, si bien no en contra de la reforma, sí para cuestionar el proceso y al final se retiraron antes de la votación.

El vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño, el único de la oposición que asistió al pleno, votó en abstención al cuestionar también la legitimidad de la sesión, como lo hizo su coordinador, Víctor Hugo Lobo, quien votó sin embargo a favor.

La coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, al fijar el posicionamiento de su partido, explicó antes que se instauró de manera emergente la modalidad del “Congreso virtual” para permitir que diputados que no están en condiciones de acudir al pleno con motivo de las recomendaciones por la emergencia sanitaria, no interrumpan su función legislativa.

Al respecto, José Luis Rodríguez Díaz de Léon, vicecoordinador de Morena, también en su posicionamiento defendió la legitimidad de la sesión al recordar que inclusive la última reunión de jefes de estado del Grupo de los 20 (G-20), se realizó por videoconferencia con motivo de la pandemia.

Avila destacó que la reforma constitucional garantiza el derecho a la protección a la salud de 40 millones de mexicanos que no tienen seguridad social, y asegura que las acciones y programas del gobierno tengan un presupuesto garantizado en la Constitución.

“Elevar a rango constitucional los programas sociales es trascender su permanencia más allá de los gobiernos en turno. La política pública implementada por Andrés Manuel López Obrador es apenas el comienzo para eliminar la desigualdad sistémica que ha aquejado al país”.

Rodríguez sostuvo a su vez que la creación de un sistema de salud que ahora se establece en la Constitución, debió haberse plasmado desde 1981, cuando México se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, pero los gobiernos que fueron sucediendo en el poder fueron omisos dejando al pueblo a su suerte.