Ecatepec, Méx. La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) advirtió que la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 reducirá las ventas del sector este año, mermará el próximo pago de impuestos, provocará la quiebra de empresas a partir de mayo y provocará la pérdida de al menos dos millones de empleos.
El director general de la agrupación, Francisco Cuevas Dobarganes, explicó que la mayoría de las empresas consideradas como “no esenciales” tendrán que pagar de manera íntegra su nómina, seguridad social, energía eléctrica y agua, impuestos federales en abril, que corresponden a los ingresos de marzo, y lo harán con recursos propios, aportaciones de capital, remate de bienes o con créditos.
“El problema que vemos es que al finalizar este mes, para cerca del 80 por ciento de las empresas, y sobre todo de las MiPymes, ya no tendrán capacidad financiera ni de endeudamiento, es entonces cuando se empezarán a registrar los primeros problemas de impagos, de concursos mercantiles y de quiebras”, advirtió.
Abundó que el gobierno federal ha ofrecido créditos de 25 mil pesos con interés del 4 por ciento anual, que sin duda podrían ayudar a que algunas microempresas puedan subsistir, dado que muchas no pagan renta o casi no tienen sueldos debido a que los familiares son quienes las operan.
Sin embargo, para que el 80 por ciento de empresas no esenciales puedan volver a trabajar, requerirán de capital de trabajo, y al no tener liquidez, difícilmente podrán reponer inventarios o tener la capacidad de otorgar ventas a crédito.
“Consideramos que para mayo, concediendo que se permita retomar la vida económica normal, que luce prácticamente imposible mientras no se descubran los retrovirales y vacunas que combatan la pandemia ocasionada por el Covid-19, todas las empresas estarán descapitalizadas y será imposible que puedan someterse a otro período de contingencia, situación que sí es muy probable que suceda”, dijo.
Destacó que la UNIDEM respaldó las políticas públicas del gobierno federal, en materia de combate a la corrupción y en austeridad, pero consideró que en esta emergencia sanitaria, se está sobrevalorando la capacidad financiera de las empresas, calificadas como no esenciales y por otro lado, se están minimizando los efectos sociales y sobre todo la pérdida de empleos, que la falta de apoyo gubernamental, pudiera ocasionar.
“Estimamos que el sobreproteger las finanzas públicas y la economía de las familias en detrimento del sector empresarial, podría ocasionar la pérdida de al menos dos millones de empleos formales. Consideramos que el gobierno, las empresas y los trabajadores debemos de poner un poco de nuestra parte para que los efectos negativos de esta pandemia sean lo menores y la recuperación, lo más rápida posible”, apuntó.
Cuevas Dobarganes sostuvo que la declaratoria del gobierno federal es una medida que busca que las empresas carguen con los costos económicos durante los 31 días que durará la declaratoria, pues el país no tiene las condiciones de ingreso de los trabajadores, ni la solvencia del gobierno como en otros países afectados por la pandemia.
Refirió que en Japón, China, Italia, Estados Unidos, Corea o España, las industrias envían a sus trabajadores a su casa, pero el gobierno otorga incentivos fiscales a empresas y dinero a los empleados para evitar la quiebra y la pérdida del poder de compra, respectivamente.
“El 2019, fue complicado para algunas ramas empresariales, ya que a pesar de que el PIB sólo decreció el 0.10 por ciento, algunos sectores si entraron en recesión, por lo que ya iniciaron este 2020 con niveles de liquidez mínimos. A ello, hay que agregar que por un efecto estacional de baja en las ventas del primer trimestre del año y el pago de impuestos que resulten de la declaración anual, el escenario para algunas empresas es aún peor”, finalizó.
