Ciudad de México. Diversas organizaciones civiles y de derechos humanos llamaron nuevamente a tomar medidas de urgencia para evitar posibles contagios masivos en los centros carcelarios del país, entre ellas permitir la salida de internos de la tercera edad, presos por motivos políticos o con enfermedades que los hagan especialmente vulnerables ante el Covid-19.

La organización Asilegal, especializada en temas penitenciarios, alertó que la amenaza del coronavirus es un reto mayúsculo, “dadas las condiciones de sobrepoblación y hacinamiento lamentablemente típicas de los centros (de detención) a lo largo y ancho del país”, que ponen en riesgo a internos, custodios y visitantes.

“Nuestra postura es la única que se sostiene lógicamente: debemos acelerar miles de procesos de libertad, semi-libertad y libertad condicionada”, pues si no se hace y al mismo tiempo se restringen las visitas familiares o conyugales, los resultados en otras partes del mundo han sido “muertes, propagación, vulneración de derechos, fugas y motines”.

Asielgal destacó que en diversas ciudades de Estados Unidos, Australia y Reino Unido han comenzado a tomar medidas de libertad condicionada o figuras similares, por lo que insistió en que en México “debemos actuar con rapidez y eficacia o las consecuencias serán un grave retroceso que tomará años reparar”.

Por su parte, las organizaciones que forman parte del colectivo Alerta Temprana Red manifestaron su preocupación por las condiciones en que viven las personas privadas de la libertad y exigió que se tomen medidas urgentes para otorgarle prisión domiciliaria a reos de la tercera edad, con enfermedades crónico-degenerativas, inimputables o con beneficios de pre-liberación, así como a presos por razones políticas.

Lucía Alvarado, miembro del Centro de Atención Integral para Familias de Personas Privadas de Libertad, enfatizó que mientras las autoridades deciden si liberarán o no a algunos internos, es urgente que al menos se les garantice acceso al agua potable y se les entregue de forma gratuita todos los insumos de higiene que necesitan.

Las autoridades penitenciarias “siempre argumentan que no tienen recursos económicos, pero como (la vida y el respeto a la integridad) es un derecho humano, se tiene que cumplir, porque se están poniendo en riesgo muchas cosas. Tenemos 189 mil presos, y si no se hace nada, esto será una calamidad”, alertó.