Ante la epidemia del Covid-19, la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia católica demandó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en específico a su quinta visitaduría, “vigilar con firmeza la protección de los derechos de las personas migrantes y repatriadas, así como los que se encuentran en los programas de solicitud de asilo en Estados Unidos o de refugio en México para que les sean garantizados sus derechos”, especialmente el de la salud.
Expuso que ha constatado una significativa reducción de los flujos migratorios desde el sur hacia el norte, al igual que un estancamiento en los procesos de asilo en los Estados Unidos, por lo que las personas retornadas en el programa de protección a migrantes (MPP por sus siglas en inglés) y los solicitantes de asilo “se están quedando estancados en la frontera norte”.
“El Covid-19 es un virus que no tiene fronteras ni requiere de visa o pasaporte; sin embargo, el gobierno de Estados Unidos que no cesa las deportaciones, deportará también el coronavirus por la puerta ancha y con el consentimiento del gobierno mexicano. Lamentablemente nos encontramos con una frontera frágil en cuanto a la carencia de controles sanitarios eficientes y permanentes; una frontera muy vulnerable por la falta de una clara y eficaz política de prevención por parte del gobierno mexicano”, afirmó.
La dimensión episcopal señaló que los albergues establecidos a lo largo del territorio nacional están tomando las medidas de prevención posibles ante la epidemia, pero “se sienten rebasados por la falta de estrategias precisas de seguridad sanitaria por parte del gobierno y muchos están optando por cerrar o limitar su capacidad para proteger a aquellos que ya están dentro”.
Destacó que no hay un plan de apoyo de parte de las autoridades para atender a la población “que sigue siendo deportada a cualquier hora del día o de la noche y en condiciones de mayor vulnerabilidad, convirtiendo a los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo en Estados Unidos y a nuestros propios connacionales repatriados en ‘los invisibles’ de la pandemia por el coronavirus”.
Lamentó que a cambio de pedir al gobierno estadunidense un cese a las deportaciones, las autoridades mexicanas hayan extendido los horarios e incluso ampliado a 24 horas en algunos puertos fronterizos para recibir a los repatriados, quienes son puestos en condición de mayor vulnerabilidad por enfrentarse a la inseguridad en altas horas de la noche.
Ante este panorama, la Iglesia católica demandó al gobierno federal “una postura sin ambigüedades, tomando en serio los riesgos a los que estamos expuestos, elevando esta contingencia al grado de seguridad nacional, de manera que se generen protocolos eficaces de prevención y contención de la propagación del virus. Al respecto se hace necesario implementar medidas de control sanitario que conduzcan a una reducción del riesgo”.
Pidió que en los lugares donde se han implementado los albergues federales, “es urgente que estos contribuyan con la atención a los connacionales repatriados, pues cuentan con mayor espacio, estructura y recursos para la atención de la población migrante”.
Indicó que como Pastoral de la Movilidad Humana continuará realizando las acciones que sean posibles “para salir al encuentro de los más necesitados, protegiendo también la salud de las personas que se dedican a la atención de los migrantes”.
