Madrid. La líder social Carlota Isabel Salinas, dedicada a la defensa de los derechos de la mujer en el contexto del conflicto armado en Colombia, ha sido asesinada en una localidad del departamento de Bolívar (norte), en el marco de la ola de violencia que sufre el país.
El crimen se produjo el martes en el municipio de San Pablo. Hombres armados irrumpieron en su casa y la obligaron a salir y caminar unos metros antes de matarla a tiros, según contó Gloria Amparo Suárez, abogada de la Organización Femenina Popular (OFP), a la que pertenecía la víctima. El marido de Salinas está desaparecido.
"Fue una compañera que se destacó siempre por su solidaridad, por el acompañamiento a las otras mujeres, por el apoyo a las víctimas de la violencia de género", dijo Suárez, en declaraciones recogidas por RCN Radio.
Además, ante la pandemia de coronavirus, Salinas se había dedicado a llevar comida a las familias más vulnerables del casco urbano de San Pablo en medio del confinamiento social ordenado por el Gobierno colombiano para frenar el contagio.
"Era una líder social que se fue empoderando entre las comunidades y poco a poco fue encargándose de varias iniciativas dentro del municipio", destacó la representante legal de la ONG.
La Organización Femenina Popular instó a la Fiscalía a que "se esclarezcan los móviles del crimen y las estructuras organizadas que existen en la región y que son responsables de los asesinatos de líderes y lideresas sociales".
La OFP subrayó que "la urgencia de que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones de debida diligencia y protección de la vida de quienes luchan por las comunidades, la justicia y la dignidad".
Desde la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, Colombia sufre una nueva ola de violencia debido, sobre todo, a la pugna entre grupos rivales para apoderarse del territorio y los negocios de la extinta guerrilla, entre ellos el narcotráfico.
De acuerdo con Naciones Unidas, desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados al menos 303 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos y 173 ex guerrilleros de las FARC, si bien las ONG alertan de que las cifras serían mucho mayores.
