Ciudad de México. Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado aprobó ayer la minuta que eleva a rango constitucional los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la turnó a los congresos de los estados para continuar con el proceso del Constituyente Permanente.

Casi por unanimidad, con 91 votos a favor, uno en contra y una abstención, en un ambiente dominado por la contingencia provocada por el Covid-19, el pleno del Senado aprobó esa reforma al artículo cuarto de la Constitución.

Con base en ello, las pensiones para adultos mayores, las becas para estudiantes de bajos recursos y personas con discapacidad, así como el sistema de salud para quienes carecen de seguridad social, pasan de ser programas sociales y se conviertan en derechos consagrados en la Carta Magna.

La diferencia radica en que los programas sociales se pueden extinguir cuando se acaba un gobierno; en cambio, un derecho social permanece y trasciende a las administraciones, resaltó en tribuna el senador Martí Batres, de Morena.

Su compañero de bancada Miguel Navarro Quintero resaltó que se debe reconocer que el presidente López Obrador se atrevió a poner en marcha esos programas, lo que demuestra que el jefe del Ejecutivo federal no es un peligro para México, sino un peligro para los que han abusado de México.

La minuta, con la reforma al artículo cuarto de la Carta Magna fue aprobada luego de una discusión en la que se tomaron medidas sanitarias preventivas por el coronavirus. En el pleno sólo estuvieron parte de los legisladores, ya que aquellos mayores de 65 años o con problemas de salud siguieron el debate desde sus oficinas.

En nombre del Revolucionario Institucional la senadora Claudia Ruiz Massieu destacó que la reforma debe verse como un punto de partida hacia un más amplio e integral reconocimiento de derechos sociales en el siglo XXI.

Al fijar la postura de Acción Nacional, el senador Erandi Bermúdez Méndez propuso elevar a rango constitucional la garantía de asignar recursos para apoyar a los ciudadanos afectados económicamente por la contingencia ocasionada por la pandemia de coronavirus en México.

El también panista Damián Zepeda propuso establecer un pago único de 3 mil 207 pesos para los trabajadores formales e informales que hayan perdido sus empleos a causa de la contingencia, pero la mayoría lo rechazó.

Tanto panistas como priístas insistieron en que es una reforma de relevancia, pero se requiere que haya un presupuesto para garantizar que esos derechos no queden en el papel sino que se garantice su viabilidad.

Actualmente se están ejerciendo 125 mil millones de pesos en apoyo para los adultos mayores y 80 mil millones en becas para estudiantes de escasos recursos, lo que se traduce en un gran avance para la inclusión social y que las personas no queden en desamparo, destacó el senador Alejandro Peña, de la bancada de Morena.

Sin embargo, el panista Marco Antonio Gama consideró que son programas populistas, que establecen obligaciones al Estado mexicano por 500 mil millones de pesos al año, en un país en franca crisis económica.

Fue el único legislador que votó en contra de la minuta.