La disminución de actividades en el país, una de las acciones para contener el contagio del nuevo coronavirus, afecta de lleno a 40 millones de mexicanos que viven en condición que los especialistas califican de fragilidad laboral. En la práctica significa que obtienen su ingreso día a día en empleos que no son fijos y en los que el ingreso tampoco es constante.

El primer cálculo del sector privado, realizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), es que la caída de la actividad económica, a consecuencia de la epidemia, puede costar a la economía mexicana 800 mil empleos formales, tantos como los perdidos durante la crisis de 1995.

Ante la incertidumbre, especialistas tienen opiniones encontradas. José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, consideró que la pérdida de puestos de trabajo por la emergencia puede escalar a 900 mil este año, por lo que se debería considerar los requerimientos de generar estímulos a empresas y comercios para evitar un mayor efecto en el empleo.

Las consecuencias del deterioro en la actividad económica se van a multiplicar, porque no sólo será atender a esos 800 mil o 900 mil trabajadores que pierdan su empleo, que es muy probable que ocurra, sino también a las familias. Entonces, estamos hablando de millones de personas que van a tener la necesidad de apoyo y los recursos del gobierno no van a alcanzar, explicó.

Miguel Calderón Chelius, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, subrayó que las condiciones con que llega la emergencia son una informalidad en la que se emplean hasta seis de cada 10 trabajadores, por lo que en lo inmediato y con el fin de no dejar caer el consumo, las medidas de transferencia por las que se ha decantado el gobierno federal abonan positivamente a la situación.

Agregó que tras la recuperación del salario real en los últimos dos años, esto es, que han subido más que la inflación, los indicadores del empleo formal podrían cambiar de un momento a otro, pero no desdibujan los avances en remuneraciones que se obtuvieron de la mano de la recuperación del miningreso.

La baja en el tipo de cambio aliviaría las presiones inflacionarias en la economía y con la parálisis de la actividad económica el consumo también se reducirá. No obstante, en cualquier escenario la crisis del Covid-19 va a suponer un golpe para la situación de los trabajadores, para empezar de los informales, pero también de los formales. Ahí está el caso de Alsea, dijo en referencia a la empresa que envió a descansar a sus trabajadores sin goce de sueldo.

Acción Ciudadana Contra la Pobreza realizó el cálculo sobre las personas que se vería afectadas por las medidas de contención del Covid-19 y los ajustes que adoptan empresas privadas y gobiernos. Su director, Rogelio Gómez Hermosillo, expuso que el grupo más afectado son las 7.7 millones de personas que no tienen empleo.

Además, hay 12 millones que trabajan por su cuenta y 21 millones que laboran en micro y pequeñas empresas; incluso entre quienes son asalariados, 51 por ciento no cuenta con la garantía de un contrato que le respalde, manifestó.

Esta agrupación calcula en 40 millones el número de personas en edad de trabajar que están en una condición de fragilidad laboral, lo cual significa que su empleo no es estable y el salario que perciben tampoco es constante.