Ciudad de México. En esta coyuntura por el COVID-19, los grandes acaparadores de maíz están encareciendo el producto pues lo ocultan a fin de venderlo más caro, y por tanto el precio, por ejemplo de la tortilla se presionará al alza.
Por ello el gobierno debe emprender acciones para castigar y frenar estas conductas, coincidieron por separado Juan Pablo Rojas Pérez, dirigente de la Confederación Nacional de Productores de Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM) e Isidro Pedraza Chávez, presidente de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC).
Rojas Pérez, señaló a La Jornada que los acopiadores compran actualmente en aproximadamente “cuatro mil pesos” la tonelada de maíz al productor, la han llegado a vender al industrial de la tortilla hasta en “siete mil pesos”, por lo que han tenido altos índices de ganancia, por los servicios de acopio, mantenimiento y traslado del producto.
No obstante indicó que ahora “tampoco se justifica que el industrial de la masa y la tortilla le incremente un precio exhorbitante a la tortilla. Por cada kilo de maíz ellos sacan kilo y medio de tortilla, si ellos compraron el maíz, por ejemplo en cinco mil, ahora ellos les cuesta cinco pesos el kilo”.
Añadió que “si les cuesta cuatro pesos hacer la tortilla y ponerla en la tiendita, serían unos nueve a 10 pesos. Si la venden a 15 y dicen que puede llegar a 20 pesos (en algunas zonas), esa es una utilidad que ninguna actividad empresarial la tiene”, así que estarían “lucrando los industriales de la masa y tortilla, hoy podrán justificar que el acaparador, el intermediario les está vendiendo muy caro el maíz, pero también ellos ¿qué justificación tienen para incrementar tanto?”.
Sostuvo que ante prácticas “el gobierno debe normar ese asunto, y no lo está haciendo, porque se generará más pobreza”, pues la tortilla es un alimento básico de muchas familias desfavorecidas.
Aparte, Pedraza Chávez demandó “la intervención directa e inmediata del presidente Andrés Manuel López
Indicó que más de 400 funcionarios de la Profeco en todo el país trabajan en operativos de vigilancia comercial, a través de 38 oficinas en las ciudades más pobladas y con mayor actividad comercial en México, para frenar abusos.
Recordó que la Profeco está facultada para aplicar multas de hasta 100 por ciento del valor de la venta de algunos distribuidores o productores, en caso de aumentos injustificados.
