Ciudad de México. Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado de la República aprobó esta tarde la minuta que eleva a nivel constitucional los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador .

El pleno senatorial la turnó a los Congresos de los estados, para continuar con el proceso del Constituyente Permanente.

Casi por unanimidad, con 91 votos a favor, uno en contra y una abstención, el pleno del Senado aprobó que las pensiones para adultos mayores, las becas para estudiantes de bajos recursos y discapacitados y el sistema de salud para quienes carecen de seguridad social, ahora programas sociales, se conviertan en derechos sociales, consagrados en la ley suprema del país.

La diferencia es enorme. “Los programas sociales se pueden extinguir cuando se acaba un gobierno, en cambio, un derecho social permanece y trasciende a los gobiernos”, resaltó en tribuna el senador de Morena, Martí Batres.

Recordó que en la Ciudad de México, el Programa de Adultos Mayores que existía desde el año 2000, se convirtió en un derecho y se plasmó en una ley, en el 2003”.

Su compañero de bancada, Miguel Navarro Quintero, resaltó que se debe reconocer que el presidente López Obrador se atrevió a poner en marcha esos programas, lo que demuestra que el ejecutivo federal “no es un peligro para México, sino “un peligro para los que han abusado de México”.

La minuta, con la reforma al Artículo cuarto de la Carta Magna, fue aprobada, luego de una discusión en la que el tema del Covid 19 estuvo presente, ya que se tomaron medidas sanitarias preventivas en el pleno, donde sólo estuvieron parte de los senadores, ya que aquellos mayores de 65 años o con problemas de salud, siguieron el debate desde sus oficinas.

Al fijar la postura del PAN, el senador Erandi Bermúdez Méndez propuso elevar a rango constitucional la garantía de recursos para apoyar a todos los ciudadanos afectados económicamente por la contingencia ocasionada por la pandemia de coronavirus (Covid-19) en México.

El también panista Damián Zepeda propuso establecer un pago único de 3 mil 207 para los trabajadores formales e informales que hayan perdido sus empleos a causa de la contingencia, pero la mayoría lo rechazó.

Tanto panistas como priístas insistieron en que es una reforma de relevancia, pero se requiere que haya un presupuesto para garantizar esos derechos, a fin de que no queden en letra muerta.

Actualmente se están ejerciendo 125 mil millones de pesos en apoyo para los adultos mayores y 80 mil millones de pesos en becas para estudiantes de escasos recursos, lo que se traduce en un gran avance para la inclusión social y que las personas no queden en desamparo, destacó el senador de Morena, Alejandro Peña.

“Hablamos de un nuevo punto de partida para el constitucionalismo mexicano, porque contempla los primeros derechos específicos para algunos de los grupos más vulnerable de la sociedad”, resaltó la senadora del PRI y ex dirigente de ese partido, Claudia Ruíz Massieu.

Resaltó también que “las políticas públicas deben contar con objetivos medibles y evaluables y los programas sociales con reglas de operación específicas, así como con la flexibilidad necesaria para adecuarse a las cambiantes circunstancias por las que atraviesa nuestro país, circunstancias que pueden ser demográficas, presupuestales, tecnológicas o, incluso, logísticas”.