La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Congreso de Baja California Sur en contra del gobernador de esa entidad, Carlos Mendoza Davis, por la intromisión que acusan ejerce en las labores del Poder Legislativo estatal.

Al admitir a estudio este juicio constitucional, la SCJN también otorgó la suspensión solicitada por el Congreso sudcaliforniano para efectos de que “la Policía estatal, no impida u obstaculice las funciones que constitucionalmente corresponde realizar a los integrantes del Poder Legislativo”.

El conflicto surgió cuando los diputados pertenecientes a los partidos Morena y del Trabajo, decidieron ejercer su mayoría para destituir a los presidentes de varias comisiones y puestos legislativos, entre ellos a la Mesa Directiva, la de Igualdad, Puntos Constitucionales y la Dirección de Administración y Finanzas.

Ante esta medida, el gobernador Mendoza Davis, perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), envió a la policía estatal a resguardar las oficinas de la Dirección de Administración y Finanzas del Congreso, lo que impidió concretar el cambio de su titular, decidido por la mayoría de los diputados.

Esta es la razón por la cual la demanda del legislativo estatal denuncia una intromisión indebida del gobernador en sus funciones constitucionales: “aducen como transgredido, entre otros, el artículo 116, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cuanto protege la separación de funciones entre los Poderes Públicos de una entidad federativa, y que con ello se obstaculiza al Congreso de la entidad ejercer las facultades que constitucionalmente le corresponde llevar a cabo.”

Luego de admitir a trámite la controversia, la SCJN ordenó que la policía no obstaculice las decisiones de los diputados y emplazó al gobernador Carlos Mendoza para que en un plazo de 30 días responda a la demanda.