Ante el incremento de casos por Covid-19, la organización internacional Save the Children llamó al Estado mexicano a implementar una estrategia multisectorial para garantizar el derecho a la salud, desarrollo, educación, cuidado y protección contra la violencia para niñas, niños y adolescentes.

Expuso que en México, más de 5 millones de menores no tiene acceso a servicios de salud; más de 9 millones carecen de servicios básicos en sus viviendas, y se estima que al menos 10 millones no tienen acceso a una alimentación suficiente, “cifras que podrían agravarse ante la inminente disminución del ingreso económico de las familias más vulnerables”.

Por otro lado, señaló, “el impacto del cierre de escuelas, además de afectar a la educación, trae consigo múltiples riesgos para la niñez, puesto que 6 de cada 10 niñas y niños son criados con métodos violentos que incluyen castigo físico y agresión psicológica. Además, para muchas niñas y adolescentes su propio hogar es el principal espacio de riesgo, ya que más del 80 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrieron abuso sexual durante su infancia, la mayoría por parte de un familiar”.

Lo anterior, añadió, significa que niñas y niños tendrán nuevos roles que pueden obstaculizar sus derechos al aprendizaje, al juego, al descanso, entre los que destacan asumir la responsabilidad de cuidar a sus familiares enfermos, encargarse de las tareas del hogar o trabajar en el comercio informal.

“Asimismo, en un contexto como este, se exacerban las desigualdades de género ya preexistentes, por ejemplo, las mujeres y las niñas suelen tener mayores cargas en tareas del hogar y de cuidado de otros familiares cuando están enfermos o incluso si están sanos”, destacó.

Save the Children resaltó que la posible mayor exposición a estas violencias, conjugado con la alteración de la rutina diaria que contempla espacios de aprendizaje y juego, pueden tener serios impactos en la salud física y mental de niñas y niños.

Ante este panorama, la organización señaló que el sistema de salud debe asegurar que todas las personas, incluyendo niñas y niños, independientemente de su derechohabiencia, accedan a identificación oportuna y tratamientos de calidad que permitan su recuperación y supervivencia en caso de enfermarse por COVID-19. Además, que se garantice la continuidad y ampliación de intervenciones de salud preventivas como la vacunación rutinaria.

De igual manera, establecer medidas que aseguren el abastecimiento de agua a toda la población, y en particular a las comunidades más vulnerables; ampliar la asistencia social y movilizar ayuda humanitaria para garantizar el abastecimiento de alimentos nutritivos a las familias en las comunidades más vulnerables del país, priorizando por las que tienen niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Ampliar de forma inmediata los programas de transferencias económicas, para que beneficien a familias que trabajan en el sector informal, o que están en riesgo de pérdida temporal de ingreso económico, y ante el riesgo de recesión global, evaluar alternativas de política pública para garantizar la protección social a largo plazo, por ejemplo, pilotaje de un ingreso básico universal que comience con las familias más vulnerables.

También se requiere establecer y difundir una estrategia de acompañamiento y orientación para atender la salud mental de padres, madres y cuidadores, así como de niñas y niños, y garantizar acceso a la educación a través de Programas de Aprendizaje a Distancia.