Ciudad de México. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que la decisión del gobierno de cancelar la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, tras una consulta popular es arbitraria, autoritaria y unilateral; violenta la legalidad y el Estado de Derecho.

Asimismo, indicó en un comunicado, daña a la comunidad y a los trabajadores, al tiempo de que es una “pésima señal” hacia la sociedad y el mundo, dado que indica que las reglas democráticas no se respetan en México.

“El gobierno está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros y derruir empleos”, señaló el organismo.  

Reclamó que la democracia tiene reglas, y la empresa en cuestión había cumplido con todos y cada uno de los permisos y obligaciones que el Estado le solicitó, por lo que no existe ninguna razón que justifique la cancelación de la obra ni la inversión.

“Se trata de una inversión privada y extranjera, que tenía todos sus permisos en regla y que estaba en proceso avanzado de concluirse. La decisión es también violatoria del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el futuro TMEC”, destacó.

Acusó que la discusión sobre el uso del agua en Mexicali ha sido manipulada con datos incorrectos por parte de activistas y autoridades “malintencionadas”, dado que la planta en cuestión utilizaría sólo 0.2 por ciento de los recursos hídricos de la localidad, y además cuenta con mecanismos para tratar y devolver el agua utilizada, para uso agrícola.

“La supuesta consulta realizada el fin de semana no tuvo ningún sustento jurídico; se realizó sin ninguna de las previsiones que marca la ley para consultar a la ciudadanía, y de ninguna manera puede ser vinculante”, señaló el CCE.

La participación ciudadana en la consulta sólo consiguió la participación de un porcentaje menor al 5 por ciento de los ciudadanos.

“En ningún lugar del mundo, un ejercicio tan minoritario y sin ninguna garantía legal, puede decidir sobre el futuro económico de toda una región y afectar a miles de trabajadores actuales y potenciales. Las consecuencias de esta decisión no sólo afectarán a los habitantes de Mexicali, sino al país entero”, destacó.

Advirtió que la señal que manda México al mundo es que aquí no se respeta la ley, y que no existe garantía alguna para quienes busquen invertir, generar empleo y desarrollo, más en un contexto internacional de crisis, en el que se necesita más que nunca de la inversión privada: “El daño generado al futuro de nuestra economía es incalculable”.