San Cristóbal de Las Casas, Chis. Los Bienes Comunales Zona Lacandona (BCZL) informaron que después de tres años de gestiones intercomunitarias “para lograr la paz, promover la recuperación ecológica y dar certidumbre agraria” a la zona, firmaron un acuerdo con el ejido Amador Hernández, municipio de Ocosingo.

En un comunicado dijeron que el convenio, suscrito el pasado 10 de marzo en Amador Hernández, posibilitará el cierre del 95 por ciento de los 434 kilómetros de su polígono territorial y la recuperación de más de 15 mil hectáreas.

Señalaron que el acuerdo permitirá “mantener una estrecha colaboración para el cuidado y protección de los territorios, orientando a la población a no causar incendios forestales, evitar la extracción de la flora y fauna, evitar la cacería, no permitir nuevas invasiones en las colindancias comunes, privilegiar el cuidado del medio ambiente y de la madre tierra; así mismo fortalecer lasos de amistad, cultura, acuerdos comunitarios, respeto a creencias e ideología”.

El pacto, explicaron, “se suma a los 49 previos que han suscrito los BCZL con igual número de ejidos y comunidades que están en su perímetro territorial, para poner fin a la problemática social y agraria que se originó en noviembre de 1971, cuando el presidente Luis Echeverría emitió la resolución presidencial que dotó de 614 mil 321 hectáreas a 66 familias lacandonas”.

Manifestaron que “la construcción de acuerdos intercomunitarios inició en abril de 2008, después de que la asamblea de comuneros analizó y coincidió en que debía cambiar la estrategia gubernamental, influenciada por Natura y Ecosistemas Mexicanos, Asociación Civil, y que no debían permitir que se usara la figura de Bienes Comunales de la Zona Lacandona para continuar con los desalojos de los pueblos que se habían posesionado de sus tierras y en especial, de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules (Rebima)”.

Recordaron que en gobiernos anteriores fueron “desalojados diversas comunidades y poblados de la zona, de manera unilateral, en contra de la opinión de los BCZL y otras veces, sin que tuvieran conocimiento, pero el resultado fue la división de los pueblos, ejidos y comunidades en la región durante 37 años”.

Expresaron que “el fomento a la división de los pueblos es común en la administración de las Áreas Naturales Protegidas como la Rebima, para ejercer el control vertical por los gobiernos y organizaciones no gubernamentales, sin la participación de los dueños de los territorios”.

Comentaron que un poblador de Amador Hernández dijo al tomar la palabra durante la firma del acuerdo: “No es lo que el gobierno quería, es los que nosotros queremos”.

Afirmaron que “desde que comenzaron a visibilizarse los acuerdos intercomunitarios, los BCZL y pueblos vecinos han sido objeto de represión y encarcelamiento en respuesta a la demanda para que sean reconocidos por la instancia agraria los acuerdos a que se han llegado”.

Aseguraron que “ni el exhorto emitido el 10 de diciembre de 2019 por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que continúen los trabajos de la mesa interinstitucional que tiene como propósito resolver la problemática de los BCZL, es considerado en la Secretaría de Gobernación para dar el reconocimiento, pues no les interesa resolver un añejo conflicto, en el que los ejidos y comunidades han tomado la iniciativa y han logrado construir el contexto de paz y gobernabilidad que no tenían desde hace 50 años y que los gobiernos federal, estatal y municipal nunca lograron”.