Santiago. La pandemia del Covid-19 logró retrasar hasta el 25 de octubre de 2020 el plebiscito acerca del proceso constitucional para redactar una nueva constitución en Chile, el cual estaba previsto para el 26 de abril próximo, se anunció hoy en un consenso de partidos políticos.

La perspectiva de que hacia fines de abril se alcance el pico de contagios –con hasta unas 100 mil personas infectadas, según dijo el ministro de Salud, Jaime Máñalich- y por tanto eso pueda dañar severamente la participación ciudadana en el plebiscito y con ello la legitimidad de lo resuelto, hizo que la dirigencia política se allanara a fijar nuevas fechas para todo el calendario electoral que tiene el país por delante este año.

Hasta hoy en Chile hubo 342 casos confirmados –se están duplicando cada dos días- pero una proyección del Ministerio de Salud señala que en lo que resta del mes podría llegarse a la cifra de 43 mil contagios.

“Es una muy buena noticia, porque 15 partidos políticos de nuestro país han logrado un acuerdo en torno al cambio del calendario electoral que habíamos definido para el año 2020, esto por el impacto del coronavirus que está afectando la salud de nuestros compatriotas. De corazón agradezco este esfuerzo, que en política es difícil", indicó la presidenta del Senado, Adriana Muñoz.

En efecto, no sólo la realización del plebiscito fue reprogramada de abril a octubre, sino también hasta el 29 de noviembre las primarias de alcaldes municipales; en tanto que se atrasaron desde el 26 de octubre de 2020 y hasta el 4 de abril de 2021 las elecciones municipales, de gobernadores regionales y de los integrantes constituyentes. Y una segunda vuelta programada para el 2 de mayo, para los aspirantes a gobernadores aquellos que no alcancen las mayorías necesarias.

Tanto la Cámara de Diputados como el Senado deberán aprobar ahora diversas reformas legales, entre ellas una constitucional, para fijar formalmente las nuevas fechas.

Hace apenas una semana, la posibilidad de postergar el plebiscito había sido insinuada por el ministro Máñalich, pero de inmediato desde la oposición y también desde la sociedad civil acusaron al funcionario de hacer “terrorismo sanitario” y vieron en ello un intento de sabotaje a la consulta constitucional, muy resistida por la derecha defensora de la Constitución pinochetista de 1980.

Pero tanto severas advertencias formuladas por el Colegio Médico acerca de los riesgos inminentes a la salud pública, además de recomendaciones urgentes para acrecentar las medidas de aislamiento social, así como la evidencia diaria de cómo se expande la pandemia, hicieron que hasta los más combativos y/o radicales por el cambio constitucional, terminaran convenciéndose de que es imposible llevar adelante, exitosamente, el plebiscito en las condiciones sanitarias que se avecinan en las próximas semanas.

Hace un par de días circuló por las redes sociales un “comunicado elaborado y difundido por parte de los grupos que se han articulado en la Primera Línea de la Plaza de la Dignidad de Santiago”, aquel grupo de mujeres y hombres que suele enfrentarse violentamente a la policía, a veces diariamente, desde el estallido social del 18 de octubre de 2019.

La declaración, que representa no a todos sino a una parte de ellos, parte diciendo que “porque nuestra bandera de lucha es la protección del pueblo y somos consientes de la crudeza del coronavirus hacemos un llamado al autocuidado”.

“No queremos propagar ni fomentar el contagio de Covid-19, por lo que como Alianza entre grupos de primera línea de Plaza Dignidad, nos tomaremos un receso de las calles, al menos por esta semana. Lamentablemente evitar los eventos masivos es de suma importancia. ¡Nos necesitamos sanos para seguir luchando!”, señalaban.

Más adelante advertían que “el gobierno está tratando el tema a su conveniencia y depende una vez más de nosotros mismos evitar la propagación masiva del virus”, exigieron que paralice 100 por ciento de las actividades del país y advirtieron que “como primera línea nuestra misión es cuidar del resto y esta no será la excepción. No estamos dejando la lucha, las manifestaciones no pararán! Desde nuestros hogares seguirán sonando las cacerolas y mientras tengamos voz seguiremos gritando por un país Digno”.

De modo que tras cinco meses de lucha callejera incesante e incontrolable, las manifestaciones, cierres de calles, acciones de evasión en el metro y otras formas de protesta social de multitudes, cesaron instantáneamente. Pero se mantienen, por ejemplo, los caceroleos nocturnos, como el que en este momento comienza a oírse en Santiago y otras ciudades.

Los chilenos se han recluido en sus casas, es evidente la menor circulación de personas y vehículos durante el día y conforme avanza la tarde y llega la noche, las calles quedan literalmente vacías y silenciosas.

Un sector de la derecha representado en el Parlamento trató de sacar partido de la coyuntura y planteó que sean los propios parlamentarios en ejercicio quienes se constituyan como órgano constituyente. La idea ni siquiera suscitó mayores comentarios.

Rechazo a declaraciones de militar

El gobierno, muy cuestionado por supuestos retrasos en el manejo de la situación, pasó en apenas dos días de la Fase 3 a la Fase 4 –cuando la peste se expande masivamente con muchos casos de contagios autóctonos y no importados-, y decretó la excepción constitucional por estado de catástrofe, designando a doce generales del Ejército, dos de la Fuerza Aérea y dos contraalmirantes de la Armada para hacerla cumplir.

Pero hoy, uno de ellos, el general Carlos Ricotti, a cargo de la Defensa Nacional en Estado de Catástrofe para Santiago, en sus primeras declaraciones tras asumir, afirmó que "nuestra gran tarea es el orden público". De inmediato, parlamentarios opositores rechazaron esas afirmaciones.

“Al parecer el general Ricotti está totalmente descontextualizado con la urgencia que está viviendo el país, porque el problema no es de orden público. Hoy día se decretó Estado de Catástrofe, justamente para afrontar un desafío de salud que es una pandemia que puede diezmar a la población chilena y lo que él tiene que hacer es colaborar y ayudar a la crisis sanitaria y no a mantener el orden público", dijo el senador Guido Girardi.

El diputado Giorgio Jackson consideró lamentable que "el gobierno a través de sus delegados, ocupe políticamente la crisis sanitaria para aplicar ciertas medidas y ciertos énfasis que no dicen relación con la pandemia, sino con lo que viene pasando desde de hace cinco meses en nuestro país".

Otro diputado, Daniel Núñez, comentó que "el general Ricotti está repitiendo la misma monserga represiva que derivó en las brutales violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Las Fuerzas Armadas deben colaborar de múltiples maneras frente a la crisis sanitarias, tanto en materia logística, vacunación y atención de salud, acceso a zonas aisladas y todos esperamos que el control del orden público sea un tema de segunda o tercera prioridad".