Ciudad de México. La pandemia de Covid-19 podría generar condiciones especialmente graves para las personas privadas de la libertad, ya que en la gran mayoría de las cárceles del país hay sobrepoblación, hacinamiento y falta de medicinas, agua y artículos de higiene personal, lo que deja abierta la posibilidad de un contagio masivo, advirtieron organizaciones civiles especializadas en el tema.

Daniela Alcira, fundadora y directora de la organización La Cana, manifestó su preocupación por el hecho de que los centros penitenciarios en México están en condiciones deplorables en materia de higiene y seguridad, además de que según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en 37 por ciento de los penales hay sobrepoblación.

Dicho fenómeno es tal, que el 46 por ciento de los internos comparte celda con más de cinco personas y 37 por ciento con más de 15 personas, mientras que 12 por ciento incluso tiene que compartir la cama con otros reclusos. Asimismo, 30 por ciento no tiene acceso al agua potable, lo que obstaculiza el lavado de manos frecuente que se recomienda para evitar el contagio del Covid-19.

La falta de recursos para tomar medidas adecuadas, dijo, ha hecho que en los centros de reclusión de la Ciudad de México y el estado de México sólo se dé gel antibacterial a quienes visitan a los internos y se le impida la entrada a quienes tienen “aspecto de tener gripa o temperatura alta”.

Pese a ello, la activista consideró que en este momento no sería deseable cancelar el derecho de los presos y presas a recibir visitas de sus familiares, pues ellos son un factor de estabilidad emocional y los proveen de insumos básicos.

“Es un tema muy complicado, porque las visitas son un derecho de familiares. Sin embargo, sí hay ciertas medidas que incluso en un espacio tan reducido se pueden ir aplicando, como poner a los que no tiene síntomas de un lado y a los que sí, de otro. Hay que hacer esas divisiones y separarlos en la medida de lo posible en cada centro penitenciario”, estimó Alcira.

De igual manera consideró que se podrían dividir los días de visita, para que algunos internos las reciban ciertos días de forma exclusiva y así evitar las aglomeraciones.

La experta recordó que la académica Catalina Pérez Correa incluso recomendó que se pusiera en libertad a las personas acusadas de interrupción del embarazo y delitos menores, para despresurizar al sistema carcelario.

Desafortunadamente, este tipo de medidas se enfrentan con la estigmatización de las personas privadas de la libertad, lo que las convierte en la última de las prioridades de los gobiernos.

“Mucha gente dice ‘si alguien tiene que morir, que sean ellos”, y todo el tiempo recibimos comentarios de ‘¿por qué ayudan a delincuentes?’. Hay gente que piensa que qué bueno que están ahí, pero es una población sumamente vulnerable que hay que voltear a ver”, enfatizó.

De acuerdo con Alcira, a enero de este año había registro de un total de 202 mil 337 personas privadas de la libertad en México, de las cuales el 5 por ciento son mujeres.